Soberanía alimentaria para evitar el desabastecimiento

A diferencia de lo ocurrido en otras situaciones de crisis, no se trata de un problema de escasez en la producción. Los desajustes en la cadena alimentaria se están produciendo como resultado de la combinación de tres tipos de acaparamiento y de las restricciones impuestas por el confinamiento.

El primer tipo de acaparamiento ha sido protagonizado por la ciudadanía. Las compras compulsivas motivadas por el pánico colectivo nos hicieron ver imágenes de pasillos vacíos y falta de ciertos alimentos en los supermercados.

La segunda modalidad de acaparamiento ha pasado más desapercibida. Las grandes cadenas de supermercados han especulado con productos básicos como las hortalizas, haciendo subir los precios en los mercados de abasto en detrimento del pequeño y mediano comercio y perjudicando al conjunto de la sociedad.

El diario El Salto ha desvelado cómo, en previsión ante la posible declaración del estado de alarma y las consiguientes medidas de confinamiento, las grandes superficies empezaron a almacenar en cámaras grandes cantidades de verduras. Obligaron así al pequeño comercio, desprovisto de capacidad de almacenamiento, a comprar y vender a un precio mayor. Como resultado, en Mercamadrid –el mercado de abastos más grande de España– el precio de una hortaliza como el calabacín se ha incrementado en un 273 % desde la declaración del estado de alarma.

En tercer lugar, el acaparamiento alimentario está siendo alentado desde instancias gubernamentales. Algunos países están frenando sus exportaciones para proteger la cadena alimentaria nacional ante el temor por un posible desabastecimiento. Kazajistán ha restringido la exportación de harina de trigo, azúcar y algunas hortalizas. Serbia ha bloqueado la venta exterior de productos como el aceite de girasol. Vietnam ha prohibido la firma de nuevos contratos de exportación de arroz.

Las medidas relacionadas con el cierre de fronteras y las limitaciones impuestas al movimiento de personas podrían ocasionar serios problemas en la logística y distribución de alimentos en caso de continuar prolongándose en el tiempo.

La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria; es una crisis multisectorial, que evidencia las limitaciones y riesgos del modelo capitalista y de la cultura del consumismo exacerbado. La pandemia y las medidas adoptadas para contenerla ponen en jaque los patrones dominantes de consumo alimentario, organizado según las reglas de la globalización neoliberal.

La expansión de la COVID-19 nos muestra la vulnerabilidad e inestabilidad del sistema agroalimentario europeo, dependiente en buena medida de las importaciones, del mercado exterior, de las grandes industrias agroalimentarias y de la mano de obra extranjera.

Todos estos factores se han visto afectados por las restricciones al transporte y por la cuarentena, y tendrán con toda probabilidad un impacto negativo en nuestra seguridad alimentaria en los próximos meses.

Anticiparnos a las consecuencias de la pandemia nos obliga a interrogarnos sobre la sostenibilidad ecológica, social y económica del sistema alimentario y a reforzar medidas que impulsen la transición hacia modelos de producción, distribución y consumo alternativos.

En el actual contexto, una de las principales soluciones debe centrarse en fomentar la producción y el consumo local. Es una forma de disminuir el riesgo de interrupciones en la cadena agroalimentaria y reducir la inseguridad ocasionada por la COVID-19.

Además, la producción y el consumo de proximidad generan importantes beneficios para la economía local y el pequeño y mediano comercio, muy perjudicados por la crisis. Igualmente, favorecen la vitalidad del medio rural y nos permiten sustituir la presencia de petroalimentos en nuestras dietas por la de productos de kilómetro 0. De este modo podemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Las repercusiones sociales del coronavirus se están dejando ver también en el ámbito del derecho a la alimentación y la justicia alimentaria. La configuración del sistema alimentario y el acceso a la alimentación están marcados por cuestiones de raza, clase, género, nacionalidad y procedencia étnica.

Tomarse en serio la justicia alimentaria implica garantizar la equidad en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción al consumo, pasando por la transformación, la distribución y la comercialización.

La COVID-19 visibiliza y magnifica las desigualdades sociales. Sus efectos alcanzan de forma especialmente dramática a las personas en riesgo de exclusión y a los hogares más vulnerables. Por eso, son necesarios programas sociales para evitar que las medidas adoptadas para frenar la pandemia golpeen con mayor fuerza a los colectivos más vulnerables, garantizando el acceso a la alimentación de todas las personas.

Se dice que las enfermedades contagiosas no entienden de clases y grupos sociales. Pero, como advierte el geógrafo británico David Harvey, esta afirmación queda hoy en entredicho por las discriminaciones que filtran los impactos económicos y sociales de la COVID-19, una pandemia de clase, género y raza.

Como señala Harvey, la clase trabajadora debe elegir entre el peligro de infectarse a causa de prestar los cuidados socialmente necesarios, como la provisión de alimentos y la atención a personas dependientes, y la pérdida de empleo y medios económicos de subsistencia. Mientras tanto, unas pocas personas privilegiadas podemos teletrabajar, conservando nuestro empleo y salario.

La crisis del coronavirus evidencia cuál es el trabajo indispensable para el mantenimiento de la vida y muy especialmente el papel fundamental que desempeña el sector agroalimentario.

Impulsar la producción y el consumo local en la coyuntura actual exige defender la soberanía alimentaria como objetivo social prioritario y apostar por la producción agroecológica, más territorializada y de menor impacto ambiental. Ello supone adoptar estrategias para apoyar a los pequeños y medianos productores y productoras, incluyendo medidas económicas y fiscales que les permitan continuar la producción, como subvenciones o la exención del pago de la cuota de autónomos para pequeñas empresas productoras.

La Coordinadora Europea Vía Campesina alerta de que la crisis de la COVID-19 está impidiendo a muchas personas y empresas productoras de alimentos acceder a los mercados necesarios para la distribución de sus productos. Algunas causas son el cierre de comedores y restaurantes, las restricciones a la venta directa y la clausura de mercados.

Para evitar ulteriores perjuicios, deben garantizarse las siguientes medidas:

-La apertura de las rutas que posibilitan el suministro alimentario.

-El normal funcionamiento de los servicios de transporte.

-La movilidad de personas no solamente a los supermercados, sino a todos los lugares donde se distribuyen alimentos.

-El continuo funcionamiento de todos los canales de venta de productos alimentarios, incluyendo los mercados. Especialmente los mercados no sedentarios al aire libre –clausurados errónea e injustamente por motivos higiénico-sanitarios, como denuncia la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos–, pero también otros puntos de venta directa, como la venta a pie de finca.

También es fundamental que las administraciones públicas impulsen la producción local mediante la compra pública de alimentos destinados a hospitales, comedores sociales y centros de personas mayores. Estas y otras medidas han sido trasladadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por organizaciones y colectivos del país. El objetivo es paliar los impactos de la COVID-19 en la producción agroecológica y a pequeña escala.

Se trata, en definitiva, de implementar soluciones que permitan a los agricultores y a las agricultoras vender sus productos y evitar el desperdicio alimentario, mientras apostamos por el consumo agroecológico de proximidad.

Ya se han puesto en marcha algunas soluciones creativas en este sentido, como la iniciativa del Comité de Agricultura Ecológica valenciano de iniciar un mercado ecológico para la venta online a través de su web. De este modo, la ciudadanía puede acceder a los productos ecológicos a pesar del cierre de mercados locales y otros espacios de venta de proximidad.

Frente a la apatía provocada por el temor y la incertidumbre, y ante las restricciones a la movilidad que nos impone el confinamiento, tenemos la opción de promover una ciudadanía ecológica. Podemos defender la transición agroalimentaria a través de nuestros actos de consumo, ahora también desde casa.

Este artículo ha sido publicado en 'The Convertation'.