Dilemas éticos y legales frenan la extensión del certificado de inmunidad

En busca de una desescalada rápida y segura, países afectados por el coronavirus han comenzado a expedir entre la población 'certificados de inmunidad'. Estos documentos, que en la práctica se materializan en aplicaciones de móvil o pulseras con códigos de barras, pretenden confirmar que una persona ya ha pasado la enfermedad y está inmunizada, de manera que puede reincorporarse a la vida normal. Pero la medida, que en España querían impulsar Cataluña y Castilla y León, requeriría la realización masiva de pruebas y cuenta, además, con las objeciones éticas de los expertos, que piensan que podría alumbrar la existencia de una ciudadanía de primera y otra de segunda.

Los países que antes sufrieron la pandemia y que, por tanto, antes han iniciado la vuelta a la normalidad son los primeros que han implantado los certificados de inmunidad. Corea del Sur es el mejor ejemplo, con un dispositivo similar a un pasaporte sanitario. En los primeros días de la crisis, puso en marcha una aplicación de móvil que ofrecía al usuario que sufría síntomas la posibilidad de hacerse un test. Si daba positivo, empezaba la cuarentena en casa y la aplicación servía para controlar si la cumplí, mediante un sistema de geolocalización o controlando el uso de las tarjetas de crédito. Si se la saltaba, recibía una multa. Y cuando el ciudadano necesitaba hacer un viaje de urgencia, pedía un permiso que recibía en el teléfono a través de un código QR.

Los códigos QR son también el sistema que ha implantado la provincia china de Hubei, epicentro de la pandemia. El Gobierno regional envió a todos los residentes un código con un color: el rojo, para los casos confirmados, sospechosos o asintomáticos; quienes habían contactado con estas personas recibían el amarillo; y quienes estaban sanos y no habían contactado con enfermos o sospechosos, el verde, que les permitía viajar con libertad.

La posibilidad de moverse con seguridad es el argumento que esgrimen países europeos como Alemania o Reino Unido, que se muestran favorables a estudiar a medio plazo un sistema similar. También lo apoya la Organización Mundial de Turismo, que lo vería como una oportunidad para reabrir el espacio aéreo: igual que un pasajero enseña su pasaporte en el control de seguridad, podría presentar también su pasaporte de inmunidad.

La Organización Mundial de la Salud debate sobre la idoneidad del pasaporte sanitario porque su puesta en marcha necesita de recursos sanitarios que la mayoría de los países están lejos aún de alcanzar. El principal de ellos, la obligatoriedad de que una gran parte de la población se haga pruebas (cuyos resultados, además, no son fiables al 100%) para que la idea cobre sentido, pero también, las incógnitas que todavía existen en la comunidad científica sobre el virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, si quien lo pasado tiene inmunidad y cuánto dura.

En España, Castilla y León y Cataluña han sido las comunidades que más explícitamente apoyaron en un primer momento la expedición del certificado de inmunidad, pero ambas han dado marcha atrás. En el caso catalán, la propuesta la hizo el científico Oriol Mitjà, que está asesorando a la Generalitat, y al principio, el presidente Quim Torra se mostró partidario. Pero pronto encontró la resistencia del Ministerio de Sanidad, que ha rechazado la idea, y rectificó. «La idea está verde», admitió después Mitjá.

También se ha mostrado contraria la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que en un informe publicado el 10 de abril recuerda «el carácter confidencial de cualquier información clínica y la titularidad de dicha información por parte del paciente, así como la imposibilidad de ser requerida por parte del empleador la presentación de este tipo de certificado». La agrupación médica insta a las autoridades a «a no proponer medidas conducentes a la limitación estratificada de las libertades y derechos fundamentales por motivo de salud; atendiendo a los principios constitucionales de no discriminación, a los principios de igualdad, pertinencia y proporcionalidad».

Los problemas legales y culturales asoman también a la hora de implantar el pasaporte sanitario. En los países orientales, el control social por parte de los gobiernos está más aceptado que en Occidente, donde choca con una tradición de libertades individuales más intrincada en la población. Y el debate alcanza planteamientos extraños en lugares como Estados Unidos, donde los expertos han avisado de que podría existir una parte de los ciudadanos que se quisieran contagiar voluntariamente para pasar la enfermedad y volver a trabajar antes.