España se quitará la mascarilla en la calle el 26 de junio

La esperada noticia fue lanzada de forma inesperada por parte del presidente en la clausura del encuentro del Cercle d'Economia, después de que él mismo el pasado miércoles calentara el debate al asegurar que «pronto» la mascarilla iba a dejar de estar presente en los espacios exteriores. Moncloa –explicaron fuentes del Gobierno- decidió reservar al jefe del Ejecutivo el importante anuncio debido a que la abolición de la protección bucal, aunque lleva semanas encima de la mesa en los encuentros entre Sanidad y las comunidades, es competencia exclusiva del Ejecutivo.

En ese Consejo de Ministros Extraordinario –explicaron estas mismas fuentes- el Ejecutivo va a aprobar la reforma de la conocida como ley de la nueva normalidad (Ley 2/2021de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid), que es la que fija desde el pasado marzo que la mascarilla debe portarse en todo momento y situación siempre que se permanezca en un espacio público y aunque haya distancia de seguridad.

Esa normativa fue la que las comunidades y Sanidad acordaron en abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) «flexibilizar» (en la práctica, incumplir parcialmente) para permitir prescindir de la protección en playas, piscinas y otros lugares de asueto de medio acuático cuando se esté tomando el sol y sin moverse. Aquel ardid, el de usar el Interterritorial para dar luz verde a soslayar una ley abiertamente, fue (y es) muy criticada por los servicios jurídicos del Estado.

Sanidad y Moncloa quieren evitar ahora un nuevo parche y por eso pretenden aprobar una reforma «ortodoxa» de la Ley 2/2021. El hecho de que el Gobierno haya convocado un consejo extraordinario para el jueves y no aproveche el ordinario de los martes tiene su motivo, según explicaron responsables de Sanidad. El Ejecutivo quiere discutir los detalles la nueva normativa sobre mascarillas con las autonomías, tanto el mismo martes en la Comisión de Salud Pública como el miércoles en CISNS.

A priori, los servicios jurídicos del Estado creen que bastaría con la aprobación de un real decreto-ley, que requerirá el refrendo del Congreso en los 30 días siguientes. En ese texto habría que retocar la redacción, «al menos», del artículo 6 que fija la obligatoriedad sin excepciones de la protección para todos los mayores de seis años que se encuentren «en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público». En realidad, explican los juristas, sería retrotraer la normativa a mayo de 2020 cuando se fijó la obligatoriedad de la protección en espacios exteriores siempre que no se pudiera guardar la distancia de seguridad.

A grandes líneas, la propuesta que los expertos del departamento que dirige Carolina Darias quieren hacer a las autonomías es que la protección facial en espacios públicos exteriores solo sea obligatoria cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad (queda por establecer si sería 1,5, 2 metros ó más) con personas no convivientes o que no pertenezcan a la «burbuja social más cercana». El texto en el que trabajan codo con codo los servicios jurídicos y los expertos de Salud Pública probablemente introduzca varias excepciones en las que, a pesar de estar en exteriores y con distancia, siga siendo obligatoria la mascarilla.

A partir de hoy y hasta el jueves, Sanidad pretende volcarse en convencer a las comunidades más reacias a levantar la prohibición de los tapabocas en exteriores y cuya negativa a flexibilizar la normativa ha sido la que hasta ahora ha provocado que el Gobierno central esquivara voluntariamente llevar el asunto a las agendas oficiales de los foros de coordinación semanales (CISNS y Salud Pública) para evitar una disputa pública sobre un asunto que el Gobierno central considera «prioritario» aprobar por «unanimidad» y que entre en vigor de forma simultánea en los 19 territorios sea cual sea la posición de cada cual.

Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Aragón, Baleares o el País Vasco se han sumado con mayor o menor fervor a la corriente abolicionista. En el otro extremo –al menos hasta mediados de esta semana porque las posiciones son cambiantes- se han venido situando territorios como Navarra, Extremadura, Andalucía, Cantabria o Castilla y Léon, reacios a apoyar todavía el fin de los tapabocas. Estas últimas autonomías en realidad se alinean con una tesis epidemiológica que defiende que solo debe levantarse levantar la prohibición con una incidencia acumulada de 50 o con el 50% de la población inmunizada.