El Congreso convalida el decreto que suaviza el uso de mascarillas en el exterior

Lo que debía haber sido un mero trámite burocrático se convirtió en una sesión parlamentaria con suspense, ya que hasta última hora el Ejecutivo no se garantizó los apoyos –y abstenciones- necesarios para sacar adelante un decreto que cuando nació fue bendecido por casi todos, pero que ahora no es tan bien visto. Al final, los votos de los socios de Gobierno más los de -entre otros- Ciudadanos y EH Bildu; y las abstenciones de Vox, PNV y ERC bastaron para sacar adelante la norma, a pesar de los votos en contra del PP. Al final, 180 votos a favor, 90 en contra y 78 abstenciones.

La normativa, cuando se aprobó a finales de junio en plena bajada de casos, suscitó el aplauso generalizado de la práctica totalidad del arco parlamentario y de las comunidades, deseosos todos de un anuncio positivo en puertas de las vacaciones. Solo provocó las críticas de la oposición por las formas, no por el fondo, ya que el fin de las mascarillas fue anunciado por Pedro Sánchez sin previa consulta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde están representadas las comunidades.

Sin embargo, el panorama epidemiológico actual nada tiene que ver con la euforia contenida que se vivía en los últimos días de junio, tras derrotar la cuarta ola y cuando el país se movía en una incidencia acumulada menor del centenar de casos por cada 100.000 habitantes y con jornadas con menos de 4.000 contagios. Ahora, el debate parlamentario ha llegado cuando España, menos de un mes después del fin de la obligatoriedad de los tapabocas en exteriores, tiene el mayor índice de contagios de toda la Unión Europea, presenta días de más de 30.000 nuevos infectados diarios, se mueve en una incidencia muy superior a los 600 casos y con picos de más de 1.500 positivos cada 100.000 habitantes entre los grupos más jóvenes.

En plena quinta ola el Gobierno ha tenido que esmerarse para contrarrestar la creciente oposición de los últimos días a la flexibilización, sobre todo por parte de los gobiernos del País Vasco y Andalucía, hasta el punto de que el propio lehendakari Iñigo Urkullu llegó a enviar el lunes una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que retirara la convalidación del decreto, amén de mecanismos para recuperar los toques de queda, aunque sin nombrar la activación de nuevo estado de alarma.

Al final, el PNV se inclinó por una «abstención crítica», no sin antes reprochar a Carolina Darias su falta de «agilidad política y cintura» por mantener intacto el decreto del fin de las mascarillas cuando «la variante que campa a sus anchas es la Delta, con un grado de trasmisión más elevada que las que manejaban cuando redactaron el decreto ley».

Vox se abstuvo también a pesar de denunciar que el decreto fue un «interés caprichoso» de Pedro Sánchez» y que la retirada de las mascarillas fue solo por la «urgencia de Moncloa de dar buenas noticias» tras el aprobar el indulto a los líderes del procés.

El PP, tras un fuerte debate interno, optó por votar en contra del que denominó «decreto de las sonrisas», uniéndose a la tesis de la Junta de Andalucía, que había pedido al Ejecutivo central que reculara, y que comparten en mayor o menor medida otros gobiernos populares como Madrid y Castilla y León.

Otras autonomías como Baleares y Cataluña en los últimos días, sin llegar a pedir al Gobierno que se retractara del decreto, sí que han reclamado a sus ciudadanos que lo ignoren y que sigan portando las mascarillas en el exteriores en cualquier situación.

En Sanidad esperan que esta votación ponga fin al «revisionismo continuo» de medidas desatado en la última semana a cuenta del fuerte aumento de casos de esta quinta ola. El Gobierno en el Consejo Interterritorial del martes y en otros foros ya dejó claro a las comunidades que tampoco piensa activar otro estado de alarma, como le demandan varias autonomías, para dar cobertura jurídica a las comunidades en las restricciones después de que los TSJ de Canarias, Extremadura y Navarra hayan tumbado los toques de queda de sus comunidades, que sin embargo sí que han avalado los superiores de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria.

En Sanidad no se estudian nuevas medidas adicionales e insisten en que las actual normativa es suficiente para que las comunidades puedan atajar la quinta ola.

Además, en el Gobierno confían en los análisis del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que apuntan a que esta nueva embestida del virus ya está desacelerándose y que es probable que a inicios de agosto se puede doblar la curva de esta nueva ola, lo que –esperan en Moncloa- haga bajar la presión sobre medidas adicionales contra la pandemia.