Objetivo provincial: pasar a la fase 1

En los próximos días el periodo transición hacia la normalidad que comienza este lunes- con la fase preliminar de desconfinamiento general o fase 0- pasará su primera prueba de fuego. Existen altas probabilidades de que haya provincias o comunidades que no cumplan con los «criterios objetivos» que ha establecido el consejo de sabios que asesora al Gobierno en esta transición. No obstante, en el ejecutivo central valoran la «fatiga social» que ha supuesto el confinamiento y la debacle económica para pequeños negocios, por lo que tratarán de ser comprensivos para que nadie se quede atrás en esta etapa inicial, según señalan fuentes gubernamentales.

Pese a la rectitud metodológica del comité de técnicos que trabajan para Moncloa, con el doctor Fernando Simón a la cabeza, la última palabra sobre qué territorio pasa la prueba la tendrá el presidente Pedro Sánchez y, de forma secundaria, los cuatro ministerios que ejercen la autoridad competente durante el estado de alarma: Sanidad, Interior, Defensa y Transportes.

 Sobre el papel, dos comunidades, Madrid y Cataluña, y por efecto expansivo de la primera Castilla y León y Castilla-La Mancha, respectivamente, soportan el peso cuantitativo de los efectos de la Covid-19. En cualquier caso, la autoridad sanitaria tiene listo un panel integral de datos para que las regiones sepan a qué atenerse. En este marco general priman los resultados «cualitativos» a partir «del juego» entre varios indicadores que reflejan la evolución de la pandemia en España. Es decir, no se trata de valorar los datos de la enfermedad en crudo, sino de conocer su repercusión cuando se comparan entre sí o con otros factores sanitarios.

Por ejemplo, la evolución de la tasa de contagio de los últimos 14 días en una provincia (periodo de incubación del SARS-coV-2) con el resutado de la secuencia anterior; seguimiento de los casos sospechosos y número de test diarios: establecer el grado actual de presión hospitalaria, sobre todo de las UCI, y compararlo con los datos conocidos durante el pico de la enfermedad; cuantificar el personal sanitario disponible y los efectos del porcentaje de contagiados; o conocer la disposición del material médico de urgencia (respiradores, equipos de protección, etc) para estar prevenidos ante un posible rebrote.

No se trata de cumplir a rajatabla con el panel integral que maneja la autoridad sanitaria, sino de conseguir un mínimo para que se puede avanzar con seguridad durante las dos semanas de la fase 1 y, en virtud de los resultados epidemiológicos que se dispongan entonces, volver a evaluar de nuevo los indicadores.

Desde la oficina del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigida por Simón, se abren «a detallar y discutir» con cada comunidad las propuestas que les haga.

No obstante, hay una línea roja que ni el Gobierno ni el comité técnico está dispuesto a pasar: que vuelva a reproducirse el foco de contagio entre comunidades, es decir, la importación del virus de un territorio a otro. El ejemplo más elocuente fue la transmisión de la Comunidad de Madrid a Castilla y León y Castilla-La Mancha antes del estado de alarma, con la fuga de cientos de personas a segundas residencias. «Queremos evitar eso», zanjó ayer el presidente Sánchez.

En el ejecutivo son conscientes de la parte política de esta trascedental decisión sobre el futuro a corto plazo de las comunidades: o avanzas hacia la normalidad el 22 de junio o te quedas atrás y siguen las restricciones a varias velocidades internas. Cataluña, País Vasco y Galicia ejercen una particular presión con planes de desescalada alternativos, por lo que uno de los mensaje de ayer de Sánchez se dirigió a sus presidentes. «Apoyamos la cogobernacia del planteamiento de la desescalda», dijo. Es decir, escucharemos lo que nos propongan las autonomías esta semana, vino a resumir.

En esta ecuación no estarán cuatro islas, Formentera, Hierro, La Graciosa y La Gomera, que este lunes comienzan la desescalada directamente en la fase 1 dada su condición insular y el número de habitantes. En dichos lugares se permitirá el contacto social en grupos reducidos, además de los viajes de los convivientes en el mismo vehículos privado (con posibilidad de ocupar la totalidad de las plazas del vehículo), así como la apertura de terrazas en la calle con las restricciones de aforo previstas.