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«Pronto vamos a abandonar las mascarillas en la calle». Pedro Sánchez dio hoy por seguro por primera vez el fin de los tapabocas en espacios exteriores . Pero la esperanzadora y esperada noticia del presidente recibió solo horas después un jarro de agua fría ... ante la imposibilidad, un día más, de un acuerdo entre las comunidades autónomas entre sí y con el propio Ministerio de Sanidad para actar un calendario que ponga una fecha para retirar los tapabocas en el exterior. Así, un Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) muy dividido pospuso, una vez más, el debate para no ahondar más entre las diferencias entre territorios. El único acuerdo, mientras media Europa ya ha puesto fecha para descubrir el rostro de sus ciudadanos, fue seguir emplazándose a discutir el asunto la semana que viene.
Que iba a ser imposible llegar a un acuerdo en el CISNS este miércoles quedó claro desde el inicio, según fuentes presentes en la reunión, que describieron el encuentro telemático como un «diálogo de sordos» entre dos bandos con planteamientos enfrentados. Y esta vez, no fue una guerra política porque en ambas trincheras hay gobiernos de diferentes colores. Por un lado, autonomías como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Aragón o Baleares -como vienen haciendo en las últimas jornadas- insistieron en fijar una fecha al final de los tapabocas y argumentaron que la situación epidemiológica actual en España haría factible hacer desaparecer la obligación de la prenda a finales de junio o principios de julio.
Las comunidades abolicionistas argumentaron que es posible prescindir de la protección bucal siguiendo los criterios que ya han expresado algunos epidemiólogos de la Comisión de Salud Pública: el fin de la obligación de portar el tapabocas se limitaría solo al exterior y exclusivamente en los momentos y lugares en los que se pudiera mantener la distancia de seguridad con personas que no sean convivientes o no pertenezcan al mismo grupo burbuja.
En el otro extremo se situaron territorios como País Vasco, Navarra, Extremadura, Andalucía, Cantabria o Castilla y Léon que consideran retirar la mascarilla precipitado, hasta el punto de que algunos técnicos de estas administraciones abogan por plantearse levantar la prohibición solo con una incidencia acumulada de 50 o con el 50% de la población inmunizada.
Carolina Darias no quiso echar más leña al fuego y evitó entrar en polémicas con las autonomías. Durante el Interterritorial, de hecho, ni siquiera hizo mención al tema dentro del consejo. Luego, en público, dio largas sin mojarse en nada. «Como ha dicho el presidente Sánchez, la flexibilización del uso de la mascarilla llegará pronto. Seguimos trabajando para que se pueda contemplar una fecha» se limitó a decir. «Cada vez estamos más cerca de tener al virus controlado, además, la campaña de vacunación va como un tiro», constató la titular de Sanidad, en un papel de árbitro que a los técnicos del ministerio ya les ha tocado jugar durante los últimos días ante las posiciones enfrentadas de los diferentes territorios. De hecho, ya el martes Sanidad forzó a los técnicos de las comunidades a orillar la cuestión de los tapabocas durante la Comisión de Salud Pública ante la falta de consenso para llevar el tema ya 'masticado' para recibir el visto bueno del Interterritorial.
La única pista que dio la ministra es que Sanidad cree que la flexibilización del uso de la protección facial debe tener como «cauce» la «ley nacional», dando a entender así que esta vez el Gobierno no está dispuesto a ningunear la conocida como ley de la 'nueva normalidad' (Ley 2/2021de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid) del pasado marzo fija, que la mascarilla debe portarse en todo momento y situación siempre que se permanezca en un espacio público y aunque haya distancia de seguridad.
Esa normativa, que Darias apunta a reformar en el momento que se apruebe el fin del tapabocas en exteriores, fue la que las comunidades y Sanidad acordaron en el Consejo Interterritorial «flexibilizar» (en la práctica, incumplir parcialmente) para permitir prescindir de la protección en playas, piscinas y otros lugares de asueto de medio acuático cuando se esté tomando el sol y sin moverse. Aquella, la de usar el Interterritorial para dar luz verde a soslayar una ley abiertamente, fue (y es) muy criticada por los servicios jurídicos del Estado.
Ajeno a este conflicto territorial a cuenta de las mascarillas, el presidente se limitó a vincular la desaparición de los tapabocas en los espacios públicos exteriores a la buena situación epidemiológica que vive España en las últimas semanas gracias, particularmente, a que «hemos alcanzado la velocidad de crucero en la vacunación» y a que el país está batiendo récords en inoculaciones de manera repetida, como la pasada semana en la que se inyectaron 3,5 millones de dosis. «En unos días vamos a tener más de 15 millones de personas con pauta completa y en unas semanas, el 50% de la población al menos con una dosis». «La hoja de ruta es clara. La vacunación total es el puente a la recuperación total», apuntó Sánchez.
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