El Gobierno pagó 7 millones de euros por los 659.000 test defectuosos

El primer y único pago, según Sanidad, correspondió a un tercio del montante total (unos 6.988.035 euros) que se abonó cuando llegó la primera partida de 58.000 test rápidos enviados. Sin embargo, la maniobra acabó generando una gran polémica al comprobarse en las pruebas realizadas por el Instituto Carlos III que estas tenían una sensibilidad ante el virus del 30%, cuando según las especificaciones esta debe superar el 80%.

En aquella fase de la epidemia España solo tenía capacidad para realizar unas 20.000 PCR diarias (la prueba más fiable hasta ahora para detectar el coronavirus), además la situación mundial para adquirir material sanitario en el extranjero era caótica, con numerosos intermediarios y especuladores.

Según señala Interphama y ya afirmó en su día el Ejecutivo, la empresa a través de la cual se adquirieron estos test «disponía en el momento del acuerdo de licencia para exportar sus productos y los test cuentan con el Marcado CE y el certificado TÜV que permiten su comercialización y venta en la Unión Europea» y «el fabricante aportó la documentación requerida sobre las certificaciones, estudios clínicos y protocolos de uso, que fue trasladada a las autoridades españolas, que la analizaron y validaron».

Todo pese a que cuando ocurrió el primer incidente, la Embajada de China en España alertó a Moncloa de que esta compañía carecía de licencia. Las autoridades del país asiático, preocupadas por su imagen de marca internacional al repetirse este tipo de problemas con los gobiernos de otros países, decidieron a principios de este mes tomar las riendas en la exportación de material sanitario para evitar este tipo de episodios.

Interphama aseguró este martes por la noche en un comunicado que cuando tuvieron conocimiento de que los test eran defectuosos «se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados»

Este martes la cuestión llegó hasta el Senado, donde comparecía el propio Illa. La senadora del PP, Salomé Pradas, calificó este incidente de «bochornoso» y acusó al Gobierno de «negligente» por «no hacer test suficientes para toda la población». El ministro, en respuesta, defendió que ya se han realizado «más de un millón de pruebas» y aseguró que «España es uno de los países que más test PCR está haciendo. Queremos hacer más, lo vamos a conseguir y lamento que sea sin su colaboración».

Illa también afirmó que se han analizado «más de 70 tipos de test» distintos en el Instituto Carlos III y que, entre ellos, solo «se han seleccionado aquellos que cumplían con las exigencias requeridas en España».

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad sigue sin hacer públicos todos los contratos realizados de adquisición de material sanitario desde el inicio de la pandemia, ni ofrece los nombres de todos los proveedores. Tampoco se puede solicitar esta información a través de los mecanismos de transparencia estatales (como el Portal de Transparencia) que se encuentra con los plazos suspendidos tras la entrada en vigor del decreto del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

El lunes pasado, preguntada al respecto, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que «todos estos contratos se darán a conocer a la mayor brevedad posible», aunque no concretó en qué plazos ni ofreció más información al respecto (tampoco los relativos a esta noticia). Todo pese a que la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda (que precisamente también ostenta Montero), emitió el pasado 10 de abril un informe en el que mantenía que el Ministerio de Sanidad debe informar sobre estas cuestiones. En concreto, las relativas a la adjudicación y la formalización de dichos contratos.