El Supremo niega que el Gobierno le consultara la reforma sobre las restricciones

Es más, abundan estas fuentes, el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, se enteraron por la prensa el mismo martes del proyecto de Moncloa de involucrar al alto tribunal en las medidas contra la pandemia. Y todo ello, a pesar de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros afirmó rotundamente que el Supremo estaba al tanto de la reforma exprés de la legislación del Contencioso y que, en realidad, este decreto era un «reconocimiento» al «espacio nuclear» que tiene el Supremo en la «unidad jurisdiccional».

Más allá de la sorpresa, el malestar en el alto tribunal es sobre todo por entender que el Gobierno se ha «lavado las manos» y ha «endosado» a los jueces la tarea de «gobernar» ante la negativa del Ejecutivo de impulsar en el Parlamento una legislación sanitaria que garantizara a las comunidades el poder de recortar derechos fundamentales ante emergencias como la actual sin necesidad de involucrar a los tribunales. El parecer común en el Supremo, incluso expresado públicamente por el propio Tolosa, es que es una «mala solución» la escogida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de que los magistrados den su opinión sobre las medidas antes de que su implantación a nivel nacional.

Además, son muchos los togados de Villa de París que creen que puede haber problemas a la hora de unificar doctrina contrarreloj cuando los recursos se basen en cuestiones muy concretas de una determinada comunidad o ciudad autónoma con un panorama epidémico o incluso geográfico (como pudieran ser los archipiélagos) propio.

En el Supremo están convencidos de que se avecinan unas «semanas muy convulsas jurídicamente» y temen que se culpe a los jueces de mantener en vilo a la ciudadanía mientras se resuelven la más que presumible cascada de recursos a las decisiones de los respectivos tribunales superiores de justicia.