Las vacunaciones irregulares llegarán a la justicia

En el caso de Murcia, la fiscalía anunció ayer que ha abierto diligencias para investigar la vacunación, fuera del protocolo, del exconsejero Manuel Villegas, de altos cargos de la Consejería de Salud y de alrededor de 400 funcionarios. La denuncia de los socialistas tras una información del diario 'La Verdad' busca conocer si el presidente regional, Fernando López Miras, conocía que se habían producido estas inmunizaciones en grupos que no pertenecen a los marcados como prioritarios por el protocolo de vacunación.

En Castilla y León, la CGT ha llevado a los tribunales la vacunación de personal administrativo y de oficinas, que en la actualidad se encuentra teletrabajando, perteneciente a Ambuibérica, la empresa concesionaria del transporte sanitario en la comunidad autónoma, antes que a los técnicos de emergencias sanitarias y empleados que atienden emergencias o se dedican al traslado de pacientes en las provincias de Valladolid y Zamora. Esta misma empresa, en Cantabria, ha inmunizado a sus directivos antes que a los trabajadores, según ha denunciado Izquierda Unida.

Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo en toda España. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia (CESM) relató ayer que son 200, y no 17, como había admitido la Xunta, los trabajadores del área sanitaria de Pontevedra que han sido vacunados contra la covid-19. Personal de dirección, cocina, informática, admisión central, técnicos de salud y empleados de actividades no esenciales fueron algunos de los inmunizados en esta primera fase, en la que la estrategia nacional de vacunación estipula que sólo deben recibir las dosis los residentes en centros de mayores, sus cuidadores y el personal sanitario en primera línea de lucha contra el virus.

«El problema no es que se haya vacunado a estos trabajadores, sino que se ha dejado de inmunizar al personal que está de forma permanente en contacto con pacientes, potencialmente enfermos o transmisores de la infección, aunque no hayan sido diagnosticados o etiquetados como sospechosos de riesgo», destaca el sindicato.

En Granada, un centenar de funcionarios de un edificio de la Consejería de Sanidad, entre el que se incluye personal de limpiea y mantenimiento y personal administrativo, han recibido la primera dosis. Fuentes de la Junta de Andalucía justifican esta decisión en el hecho de su vacunación está incluida dentro de la primera etapa como «personal vinculado a la gestión de la pandemia».

Y las irregularidades se siguen cobrando víctimas políticas. La alcaldesa socialista de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, anunció ayer su dimisión. «Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde mi centro de salud porque consideraron, que al ser paciente de riesgo, y estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida», explicó en un comunicado. En esta comunidad también dejó su cargo la coordinadora de IU-Verdes en el municipio de Murcia, Alicia Martínez, por encontrarse entre los trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS) vacunados.

Saltarse el turno implicará un castigo en Castilla y León. La consejera de Sanidad de esta autonomía, Verónica Casado, anunció ayer que las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna saltándose los protocolos en la región no recibirán la segunda dosis. «La segunda dosis será cuando les toque por su grupo, no antes, en su tiempo y forma, para no quitar la dosis a quien le corresponda tenerla», aseguró Casado. Castilla y León se une a la Comunidad Valenciana, que tomó una medida similar.