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José R. Villalba
Granada
Miércoles, 8 de marzo 2023, 11:30
El único detenido e ingresado en prisión por el secuestro de la concejal de Maracena, Vanessa Romero, acudió al servicio de Urgencias de un hospital de Málaga el pasado 24 de enero después de un intento de suicidio. Su nuevo abogado, Luis Felipe Martínez de ... las Heras, ha comunicado que «además del episodio de autolisis, mi cliente tiene informes de un psiquiatra privado donde se deja constancia de que tiene un trastorno bipolar», apunta. No ha trascendido en qué consistió esa tentativa de suicidio, de la que el letrado asegura que hay constancia en el informe facilitado por la familia del reo y que se hará llegar al juzgado junto a los documentos firmados por un psiquiatra privado en los que se diagnostica a este individuo de un trastorno bipolar.
Hasta la llegada de esos informes no había constancia de los supuestos problemas de salud mental de este individuo, salvo lo publicitado por la regidora de Maracena el mismo día del secuestro, el pasado 21 de febrero. La propia alcaldesa de Maracena, Berta Linares, expareja del detenido hasta el mismo día del secuestro comentó que este sujeto padecía una profunda depresión de la cual se estaba tratando.
Sin embargo, el informe forense al que fue sometido el mismo día que compareció en sede judicial no detectó nada anómalo en este individuo para que el juez lo derivara a una unidad de salud mental o le decretara seguir algún tipo de tratamiento en la enfermería de la prisión.
Desde su llegada al penal le fue asignado un preso de confianza para evitar que pudiera suicidarse, tal y como ya adelantó IDEAL la pasada semana.
Tras el ingreso en prisión preventiva de este individuo, acusado de la detención ilegal de la edil maracenera, fue la propia familia quien acudió al día siguiente al penal para llevarle los fármacos que estaba tomando, según contó a este periódico Luis Molina, el anterior abogado que tenía la pasada semana este reo y que ha sido sustituido por el penalista Martínez de las Heras.
No debe olvidarse la gravedad del delito presuntamente cometido por el detenido, tras amenazar con una pistola y un machete a la concejal de Maracena para posteriormente colocarle unas bridas en tobillos y en las muñecas, y encerrarla en el maletero de un coche. Después dejó el vehículo con la edil dentro del maletero escondido en un local de Armilla, que había alquilado seis meses antes para uitilizarlo de almacén de su negocio de venta de globos y regalos para fiestas o celebraciones. En el intervalo de tiempo que transcurre entre que la deja en el maletero y la edil logra liberarse por sí misma, este sujeto acudió a Maracena a comprar un cuchillo y un rollo de veinticinco metros de cinta americana. Cuchillo con el que volvió a Armilla, pero al percatarse de que la concejala se había liberado decide huir de la zona.
«Mi cliente tiene ganas de declarar en sede judicial y estamos sopesando presentar un escrito para que lo haga en los próximos días», apunta Martínez de las Heras, quien se ha convertido ya en el tercer letrado de este individuo en apenas quince días. Esta es la conclusión obtenida por el letrado después de entrevistarse con su cliente en la prisión y conocer la versión de los hechos manifestada por este. El detenido se negó a declarar ante la Guardia Civil y en el juzgado de guardia.
En principio no hay visos de que el relato del secuestro ligado a las supuestas presiones por corruptelas municipales cambie de guión. Solo hay dudas de si la declaración de este individuo puede servir para involucrar a más gente en la organización del secuestro, porque en la ejecución parece que está claro que el brazo material es el ahora detenido. Los allegados de la secuestrada han manifestado, en declaraciones a distintos medios de comunicación, su convencimiento de que este secuestro estaba planificado. La justicia dirá.
De momento, la Guardia Civil sigue adelante con la investigación del contenido del teléfono móvil del presunto secuestrador así como con otras pesquisas para despejar la incógnita de si detrás del secuestro pudo haber o no más gente involucrada. El juez, quien ordenó un mes con la causa bajo secreto de sumario aunque puede prorrogarlo durante más tiempo, también dispone de los expedientes municipales que la secuestrada llevaba en su coche y que había cuestionado como paso previo a una posible denuncia de corrupción municipal.
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