Seguros sin certezas

El escenario plantea múltiples interrogantes de futuro, aunque Unespa sostiene que el mundo del seguro ha mantenido su solvencia y rentabilidad durante la pandemia, lo que descartaría ajustes en perjuicio de los ciudadanos -el 95% de las familias españolas tiene al menos un seguro contratado, los más comunes automóvil, hogar y decesos-. Y esto ha sido así señala Martín Navaz, presidente de la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (ADECOSE), porque «los gastos se han reducido a causa de que ha habido menos siniestros, debido a muchos factores, por ejemplo las limitaciones a la movilidad de las personas».

¿Es seguro entonces que no habrá un encarecimiento de precios dada la situación? No necesariamente. González de Frutos advierte en este sentido del pernicioso efecto que tendrá la subida hasta el 8% que ha experimentado el IPV, el impuesto sobre primas de seguros, recientemente aprobada en la Ley de Presupuestos, «y que repercutirá en familias y empresas al tratarse de un recargo externo, con el consiguiente riesgo de que estos contraten menos quedando en el futuro más expuestos». Un impuesto, recuerdan las mismas fuentes, que no afecta a pólizas de salud, ahorro (planes de pensiones) o transportes internacionales.

Navaz puntualiza. «Desde 1997 ese impuesto no había subido y ahora que lo ha hecho sigue siendo de los más bajos de Europa, basta ver Alemania, donde aplican el 25%». Otra cosa es que quepa preguntarse si esa subida ayuda al sector en un momento comprometido como es el actual -la respuesta es no- y si los ciudadanos esperan obtener cierto retorno cuando un servicio sube de precio (por supuesto que sí).

El panorama no invita precisamente a ser optimistas. A un escenario agravado por la pandemia, se suma ahora un nefasto arranque de año en lo que a meteorología se refiere, que provocará, calculan los expertos, un reguero de daños y demandas de servicio. Todo ello contribuye a que 2021 sea el año que genere la mayor demanda de servicios de la historia reciente, en buena medida porque el Covid ha expuesto a la gente a riesgos que creía controlados y que ahora se han desatado, derivados de la hospitalización, la enfermedad, el uso intensivo de la vivienda, la disrupción en el trabajo, la pérdida o recorte de los ingresos para hacer frente a sus compromisos de pagos -hipotecas, alquileres, letras- o la necesidad de tener asistencia legal.

No todos los ramos del negocio han sufrido el embate de la crisis de la misma forma. Los seguros de vida han resultado los más perjudicados: su facturación había menguado un 20,78% al término del cuarto trimestre, una evolución referida sobre todo a los contratos llamados de ahorro y que los expertos vinculan a la caída de los tipos de interés y a los recortes en el sistema de tributación diferida que afecta a los planes de previsión asegurados.

El siguiente mayor damnificado han sido los seguros de vehículo, que han visto sus ingresos por primas reducidos un 2%. Desde Unespa señalan que la pandemia no sólo ha frenado la movilidad -durante los primeros meses-, también la evolución del parque. «Fuentes del sector calculan que este año se deberían haber vendido 300.000 coches más. Las consecuencias son evidentes, porque a medida que un coche envejece, la cobertura disminuye: de a todo riesgo se pasa a contratar franquicias, y de ahí a sólo terceros».

Por el contrario, quien mejor ha hecho frente a la adversidad parecen ser los seguros de salud, que no sólo han visto crecer su facturación por primas un 5%, sino que además asumieron desde los primeros compases de la pandemia el compromiso de atender incidencias derivadas del Covid, cuando ninguna cláusula contemplaba esa cobertura antes del 12 de marzo, fecha en que se declaró la alerta sanitaria. En ese arranque de la emergencia, la sanidad privada se hizo cargo del 20% de los enfermos y el 15 % de los pacientes en las UCI, aseguraba en este sentido Carlos Hernández, director comercial de SegurCaixa Adeslas.

No acabó ahí su aportación. Muchas compañías se unieron para crear un fondo para dotar de un seguro de vida al personal sanitario, el más expuesto durante la emergencia, que cubría fallecimiento, invalidez o imposibilidad de trabajar por un máximo de 30.000 euros. La partida -de más de 37 millones- funcionará hasta que se acabe y, mientras tanto, se someterá a sucesivas prórrogas. Cuando desaparezca el peligro, el compromiso es destinar lo que quede a investigación.

Según informe sobre las implicaciones del Covid para el sector elaborado por la consultora Deloitte, el Covid está afectando a la industria del seguro de múltiples maneras, «desde problemas de continuidad del negocio, los estados financieros y el flujo de efectivo a la atención a los clientes», que ahora ha experimentado un alza sin precedentes de la televenta o las videoperitaciones, y que abre nuevos retos como la ciberseguridad y la aceleración tecnológica, destaca José Gabriel Puche, socio de la firma.

El diagnóstico de la consultora aconseja la elaboración de nuevos productos, extremo este que no parece que haya calado de momento en el sector, a la espera de que la situación mejore para hacer alardes. Así lo cree, al menos, Martín Navaz, que ahora certifica «la falta de coberturas derivadas del Covid», aunque no duda que en cuanto cambien las tornas, estas crecerán de manera exponencial. «No tiene sentido, por ejemplo, sacar un producto para eventos cuando estos no se celebran desde hace tiempo y si lo hacen es para un aforo limitado».

Por supuesto, hay excepciones. Axa es una de ellas. El pasado agosto firmó con el Gobierno canario una póliza de asistencia en viaje para dar cobertura a todos los turistas, ya fueran nacionales o extranjeros, convirtiéndose así en «la primera aseguradora que cubría gastos médicos, repatriación sanitaria y prolongación de estancias por cuarentena», aseguran desde la compañía.

La empresa decidió asimismo incluir en el seguro de hogar la teleasistencia a mayores y hacerlo de manera gratuita, una medida que puso a disposición de más de 900.000 clientes. Para utilizar el servicio bastaba con tener una línea fija o un móvil para instalar el terminal. También Mapfre, en su caso un servicio de atención sanitaria gratuita post-covid para los que tengan contratado un seguro de salud con ellos, disponible desde el 21 de diciembre; o pruebas para la detección del virus.

Desde Legalitas, seguro de asistencia jurídica, señalan que no han sacado productos nuevos, pero constatan un fuerte aumento de las consultas, sobre todo las referidas a materia laboral -con millones de personas inmersos en procesos de regulación de empleo-, el 28,7%, la vivienda o el consumo. Preguntas referidas a temas tan diversos como el pago de alquileres, la cancelación de eventos o la suspensión de bodas, cuando uno suma al disgusto natural preguntas del tipo: «Y ahora, ¿quién paga el catering?».

También a las salidas de viajes. Imagínese que quiere planear un viaje a Nueva York en verano, pero ignora si para entonces la emergencia sanitaria habrá dado una tregua. ¿Qué hacer? ¿Tirarse a la piscina y cruzar los dedos? Inmaculada Murillo, abogada del departamento de Consumo de Legalitas, trata de arrojar algo de luz sobre este particular. «En cuanto a la contratación, lo más importante es que sea un viaje susceptible de cancelación gratuita (a veces, pagando un suplemento por disfrutar de ese beneficio). Para eso no es necesario que haya un seguro, basta con introducir una cláusula con las posibles causas de suspensión.

Si aun así, el cliente quiere una póliza, cuidado, porque las causas de cancelación son tasadas. Icíar Losada, también de Legalitas, va más allá. «Contratar un seguro no siempre es garantía de recuperar nada, sobre todo en lo relativo al Covid, porque la mayoría de las pólizas excluyen pandemias de sus coberturas. Importa también distinguir el seguro que contratamos: no es lo mismo uno de cancelación que de viaje, que protege en caso de que caiga enfermo o de que le pierdan la maleta en destino». Cualquier precaución es poca, sobre todo cuando alguien busca resarcirse de un año de pesadilla.