El Vaticano interviene una congregación en Granada por presuntos exorcismos

El vicario superior provincial del IVE en España, José Vicchi, confirma a Ideal que la orden trasladó al sacerdote H. L., que era vicario parroquial del Zaidín, en verano. La orden manifiesta que son conocedores de que existe una investigación abierta por parte del Arzobispado, pero rechaza hacer más valoraciones. La congregación, rodeada de polémica desde su origen, se ha caracterizado por su desobediencia y se encuentra intervenida actualmente por el Vaticano.

Los fieles que frecuentaban la parroquia del Zaidín consideran que el IVE «no representa a los valores católicos y funciona como una secta». Los devotos, desencantados y desengañados con la actuación de su parroquia, comenzaron a unirse para sacar a la luz algunas de las presuntas irregularidades, lo que propició la actuación del Arzobispado. Ideal mantuvo un encuentro con tres de los denunciantes y prestaron su testimonio, aunque prefieren permanecer en el anonimato por miedo a las represalias. Aseguran que reciben presiones por parte de los miembros de la comunidad, «azuzados por el IVE y sus religiosos».

Tras las quejas y denuncias de los feligreses, este medio se ha puesto en contacto con el Arzobispado, tanto con la institución como con los responsables de la investigación, que recae en la canciller, el vicario general y consiliario, que se han negado a declarar o dar su versión de los hechos.

«El Arzobispado no tiene nada que decir al respecto», han manifestado a Ideal formalmente la institución. Sin embargo, no han desmentido las acusaciones que recaen sobre el IVE. De la misma forma, este medio ha preguntado si el vicario parroquial continúa vinculado a la archidiócesis y las razones por las que habría sido apartado de la comunidad sin haber obtenido respuesta. En la misma línea, la Conferencia Episcopal remite al Arzobispado. Ideal se ha puesto también en contacto con el párroco del Santo Ángel Custodio del Zaidín (J.L.L), que responde ante el IVE, y ha rehusado pronunciarse al respecto. Este medio ha tratado de conocer la versión del sacerdote denunciado sin resultado.

El vicario parroquial, que era prácticamente un líder carismático para los fieles, se marchó en julio. De acuerdo con la versión de los denunciantes, fue entonces cuando el Dicasterio para la doctrina de la fe, un tribunal eclesiástico, tomó la decisión de apartar al cura.

Los creyentes de la parroquia no recibieron entonces una explicación certera, simplemente se advirtió que el hombre debía cambiar de destino. Al exvicario se le habría prohibido tener contacto con laicos y administrar sacramentos, al menos hasta que se esclarezcan los hechos. De lo contrario, se expondrá a ser excomulgado y reducido al estado laical.

Las personas de la congregación, tanto sus clérigos como las monjas, las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, empleaban presuntamente su autoridad y el respeto que le tenían los piadosos para influirles y manipularles psicológicamente, especialmente a personas más vulnerables, con el fin de obtener donaciones. El sacerdote habría practicado exorcismos y oraciones de liberación sin tener permiso del Arzobispado. Sobre estos extremos, el Arzobispado ha rechazado pronunciarse.

Los feligreses quieren agradecer al Arzobispado su actuación y la investigación que desarrollan para esclarecer la situación. «Creemos que estas personas no respetan a la Iglesia ni los valores católicos. Confiamos en que todo se resuelva por el bien de toda la comunidad de esta parroquia del Zaidín, que está mal influenciada y que así la orden pierda su poder en Granada», concluyen. Por ahora, la denuncia solo se ha producido por la vía eclesiástica. Fuentes de la Policía Nacional señalan a IDEAL que no han registrado denuncias sobre el IVE.

Los escándalos de la orden trascienden las fronteras granadinas. En España acumula diversas acusaciones y, de hecho, el Vaticano ha intervenido recientemente a la congregación. No es la primera vez. En 2016 y en 2019 también Roma tuvo que intervenir en la orden. En 2021, su fundador, Carlos Buela, fue condenado por el Tribunal Penal Especial eclesiástico por abusar sexualmente de seminaristas, «un delito contra el VI mandamiento del decálogo, cometido con violencia» «contra cinco miembros y exmiembros del Instituto del Verbo Encarnado», de acuerdo con el auto del dicasterio.

El pasado 8 de diciembre, el Dicasterio para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, un tribunal que se encarga de ordenar a las congregaciones religiosas que forman parte de la Iglesia Católica, volvió a tomar la resolución de controlar a la congregación.

El decreto, en poder de este medio, señala que «desde hace muchos años la Sede Apostólica sigue con gran atención la delicada situación del IVE», en materia de «formación, disciplina religiosa, apostolado y gobierno». Este departamento de la Santa Sede ha detectado «una gran debilidad en el proceso formativo», que reciben los religiosos de la organización y «que debe ser identificada como uno de los factores que ha determinado el elevado número de abandonos del Instituto, que desde sus inicios habría perdido cerca del 40% de sus miembros».

Asimismo, ha relevado una escasa atención en la constitución de las comunidades, «a menudo formadas sólo por dos miembros, o por sacerdotes aislados con una tarea pastoral, en detrimento de la vida fraterna en común», que constituye uno de los elementos esenciales de la vida religiosa. En Granada, por ejemplo, la orden está formada por dos sacerdotes y varias monjas exclusivamente.

Por otra parte, el dicasterio, harto de la desobediencia de la congregación, «considera necesaria una conversión eclesial» por parte de todo el cuerpo del IVE, que «comporte la real y concreta disponibilidad y disposición a escuchar y a acoger las directivas de la Iglesia, superando un comportamiento de absoluta resistencia a cualquier cambio».

De hecho, argumenta que el IVE presente a su fundador «como un sacerdote injustamente perseguido por la Santa Sede, y las víctimas sean consideradas falsas y carentes de sinceridad». «Los dos Institutos organizan peregrinajes a su tumba y sus escritos han sido publicados nuevamente y difundidos», argumenta el Vaticano en el escrito en poder de este medio. Por todas estas razones, Roma ha nombrado delegados pontificios para dar cuenta de la actividad de la organización y «promover un cambio efectivo». Del mismo modo, les prohíbe durante un periodo de tres años aceptar nuevos candidatos y de admitir al noviciado a nuevas religiosas. Los delegados son José Antonio Satué, obispo de Teruel, junto a otro sacerdote y dos religiosas.