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ÁNGEL MENGÍBAR
Granada
Jueves, 17 de noviembre 2022, 20:29
Antonia ha recibido un golpe bajo. De esos que rasgan el alma como una puñada trapera. En agosto de 2020, su marido la agredió sexualmente en el interior de su propia vivienda de Granada. Previamente, la amenazó con un cuchillo de cocina. Tras completar la ... violación, el agresor trató de quitarse la vida sin éxito y fue condenado a una pena de trece años y medio de cárcel. Sin embargo, la Justicia ha modificado la sentencia tras las apelaciones del condenado, pudiendo este quedar libre en menos años. La Ley del 'solo sí es sí' lo ha facilitado.
Con esta nueva normativa, la pena del agresor queda reducida en once años de prisión. Su aplicación se debe a que la víctima aceptó mantener relaciones sexuales con el condenado. Sin embargo, que lo hiciera bajo una condición intimidatoria por parte del agresor no parece haber jugado un papel relevante a la hora de deliberar. La modificación ha caído como un jarro de agua fría sobre los hombros de Antonia, una mujer maltratada por su ya expareja y por la ley.
«Es un 'regalazo' para este hombre. Siento que mi lucha no ha servido para nada. La Justicia le ha regalado cerca de tres años a la persona que me violó y que intentó asesinarme. He tenido que ir un año al psicólogo, he sufrido dos intentos de suicidio... Todo ha sido una pérdida de tiempo», manifiesta la propia víctima a IDEAL. Otro aspecto de la sentencia que ha dejado insatisfecha a Antonia es la distancia mínima que deberá mantener el agresor con respecto a ella. La prohibición impuesta de aproximación alcanza los 200 metros.
«Es una distancia insuficiente. No me daría opción a defenderme. Ni siquiera podría sacar el teléfono móvil para pedir ayuda», explica Antonia al imaginarse una situación similar a la de su agresión. «Primeramente, me pinchó en el pecho con un cuchillo de sierra de cocina y me pidió que practicáramos sexo antes de suicidarse. No comprendía que quisiera separarme de él después de haber aguantado catorce años de maltrato físico y psicológico». Tras una primera amenaza y la negativa de la víctima, el condenado «rompió el cuchillo con sus propias manos y se hizo con un puñal con el que intentaba autolesionarse sin éxito, pues no se lo hincaba con suficiente fuerza. Para evitar que la situación fuera a más, acepté tener relaciones con él. Después, salió y pude llamar a la Guardia Civil tras refugiarme en otra habitación».
Cuando los agentes se personaron en el domicilio, Antonia no sabía dónde estaba su agresor. Para abrir la puerta de la calle, seguramente debería atravesar una estancia común y darse de bruces con él. «Abrí la puerta y lo primero que vi fue a mi marido colgando de una cuerda. Se estaba ahorcando. A continuación, vi un charco de sangre en el suelo. Grité y salí despavorida hacia los agentes. Estaba bloqueada», añade. La Guardia Civil impidió el suicidio del agresor y atendió a la víctima hasta que se personaron los efectivos sanitarios. La pesadilla había terminado.
«Nadie sabe el dolor tan grande que es vivir en el mismo lugar donde han querido asesinarte. He pasado años muy malos, pero he decidido salir adelante. Vivir con el apoyo de mi hija, de mi familia y de mis seres queridos», cuenta con esperanza Antonia. Una esperanza que se diluye en cuanto vuelve a recordar la sentencia. «Mientras que esta ley siga vigente, no puedo creer en la Justicia ni en los jueces. Me toca vivir a mi manera después de todo mi sufrimiento». Su próximo paso no pasa por recurrir la pena de su agresor, sino por planear su futuro. «Cuando salga de prisión, tendré que desaparecer. Sé que volverá a por mí», sentencia.
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