La violencia machista y sexual cuesta a España 4.933 millones al año

En la línea de otras investigaciones internacionales, que estiman el coste de la violencia machista entre el 0,1 y el 2% de los PIB de cada país, el estudio español cuantifica el coste de las políticas contra la violencia machista de las diferentes administraciones, todos los recursos de ayuda a las maltratadas y los costes de oportunidad o ingresos no percibidos de las mujeres, que deben «renunciar» a su formación o a sus aspiraciones laborales para protegerse frente a la violencia.

«Cuesta poner precio al dolor, pero hay que hacerlo», afirmó la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Carmen Martínez, al presentar un estudio que aborda una nueva perspectiva frente a la violencia que sufren las mujeres. «Se trata de ayudar a disminuir, desde todos los puntos de vista, la aceptación de esta violencia», apuntó. «Las consecuencias (de la violencia machista) no se quedan en el ámbito de la salud, sino que impactan en todas las facetas de la vida de las víctimas y de su entorno y en el resto de la sociedad y provocan, en todos los países, graves consecuencias, sociales y económicas», agregó Martínez.

Según los diferentes conceptos analizados en el informe, la violencia machista (la causada por parejas o exparejas) y las violencias sexuales (aquellas que se producen fuera de las parejas) ocasionaron en 2022 costes laborales por valor de 1.967,93 millones de euros; costes sanitarios por 469,41 millones; costes legales por 2.482,58 millones y otros costes por 13,31 millones, lo que representa una cantidad final de 4.933 millones. En un desglose por tipos de violencia, el coste de la violencia machista se estima en 4.085 millones mientras los otros 848 millones corresponderían a la violencia sexual ocurrida fuera de la pareja. El sector público es el que paga la mayor parte de la factura de la violencia contra las mujeres (85% del gasto total), seguido por los costes que afrontan las propias víctimas (8,2%) y el gasto de los empleadores (5%).

El estudio destaca principalmente tres costes laborales para las víctimas de violencia machista: las bajas por salud mental, el aumento de la inactividad y el desempleo femenino y las penalizaciones salariales por ausencias para cuidados médicos y asuntos legales.

Desde una perspectiva sanitaria, los costes de la violencia machista tienen que ver con las consultas de atención especializada, con las hospitalizaciones o con los tratamientos de psicoterapia. Y en el itinerario legal-policial, el Estado afronta y las víctimas afrontan cuatro costes principales: asistencia jurídica, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la judicialización de los casos y el gasto penitenciario, para los agresores que acaban en prisión.