Con vistas al torrente

Muchos expertos se quejan de que las administraciones solo reaccionan cuando sucede una catástrofe. Horas después de la corriente que arrasó con todo en Sant Llorenç, la Confederación Hidrográfica del Segura anunció un plan de choque para limpiar y sanear las ramblas y cauces de toda la cuenca, desde la cabecera hasta la desembocadura. En muchas zonas hacía años que no se actuaba.

El hispanista Richard Ford, un escritor inglés a quien le encantaba nuestra tierra, describía el Turia -en su libro 'Cosas de España: el país de lo imprevisto' (1846)- como un lecho seco como la playa al que solo se le concedía la denominación de río por cortesía hacia sus magníficos puentes. Ford explicaba que la amplitud de estos, de sus arcos, no era por capricho sino por prevención ante las lluvias torrenciales que de vez en cuando arrasaban con todo. Como la riada de 1957 que cambió la historia de Valencia y que aconsejó, como se hizo años después, desviar el curso del río varios kilómetros hacia el sur. Antes de este desastre que anegó la ciudad ya estaban documentadas más de veinte inundaciones desde el siglo XIV.

Cuarenta años después, un torrente desbocado causó una catástrofe en Badajoz, donde murieron 21 personas. Dos arroyos inundaron violentamente más de 1.200 viviendas del barrio Cerro de Reyes, construido en la confluencia de dos cauces que eran un secarral.

Más imprudente si cabe fue el camping Las Nieves, en Biescas (Huesca), una localidad que aún tardará varias décadas en dejar de ser recordada como el escenario del suceso natural más catastrófico del último cuarto del siglo XX en España. El negocio, uno de los campings más populares del Pirineo aragonés, estaba enclavado en el área directa del barranco de Arás, un error que costó 87 vidas y casi 200 heridos.

A pesar de estos tristes precedentes, en España sigue siendo habitual ver construcciones en zonas peligrosas en caso de lluvias torrenciales como las de estos días en medio país. No se toman medidas y hace unos días una nueva riada se cobró doce vidas en Sant Llorenç (Mallorca). «Es algo bastante extendido. Pensábamos que era algo propio del litoral mediterráneo, pero ocurre por todo el país», advierte Santiago Martín Barajas, portavoz del área de agua de Ecologistas en Acción después de haber analizado la situación y llegar a la conclusión de que hay cerca de 45.000 viviendas -además de polideportivos, centrales eléctricas, ambulatorios...- en zonas inundables. «Y según el Ministerio hay 720.000 personas que viven en zonas de riesgo con un periodo de retorno de diez años; es decir, que se estima que en diez años puede producirse una inundación donde residen. Y hay muchísimas más en zonas de riesgo con periodos de retorno de 50 o 100 años», añade el experto.

Martín Barajas elogia el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente porque ha cartografiado «todas las zonas de riesgo de España», pero lamenta que no se haga cumplir la ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional que obliga a derribar todas las construcciones que haya en estas zonas. «Se ha edificado siempre y si se ha frenado últimamente ha sido únicamente por la crisis del ladrillo», sentencia.

La situación es especialmente peliaguda en el litoral mediterráneo, donde cada otoño se sucede el fenómeno de gota fría o DANA (depresión aislada en niveles altos). «Es propio de nuestro clima: muy seco en verano y con lluvias, torrenciales o no, en otoño», advierte Paco Pastor, investigador de la Fundación CEAM (Centro de Estudios Medioambientales del Mediterráneo). «Es muy irregular. No tenemos un régimen de lluvias como en Galicia o el Cantábrico, que se repite año tras año. En el Mediterráneo podemos tener lluvias torrenciales y luego un periodo sin lluvias muy fuerte», señala Pastor.

Pero ni todas las gotas frías traen aguas torrenciales ni todas las aguas torrenciales son por gota fría. Lo que sí parecen conceder los eruditos es que estos fenómenos se multiplicarán en los próximos años. «Debido a la inercia de la atmósfera, estos durarán un tiempo. Es decir, aunque se tomaran medidas para frenar el cambio climático, la inercia haría que aún se prolongara muchos años. Así que solo hay dos salidas: la mitigación, cambiando el modelo energético, y la adaptación, ordenando el territorio en función de esta realidad», resume el investigador.

La Fundación CEAM ha realizado un estudio que concluye que la temperatura del mar está subiendo. «Y aunque las subidas y bajadas parece que son cíclicas, lo normal sería que estuviéramos en el momento de empezar a descender la temperatura, pero, según el estudio, no parece que vaya a ser así. Con lo que hay más probabilidad de precipitaciones extremas en los próximos años, aunque no tiene una relación tan directa».

La situación en el litoral es tan llamativa que un estudio de la Universidad de Alicante permitió averiguar que el 80% de la población encuestada había oído hablar del riesgo de inundación en su municipio. Y más de la mitad tuvo constancia de este riesgo por su propia experiencia.

España tiene 1.342 zonas de riesgo de inundación, de las que 850 son fluviales, según el Sistema Nacional de Cartografías de Zonas Inundables. No es solo una amenaza vital porque, según los datos del Sistema Nacional de Protección Civil, las inundaciones causan pérdidas estimadas en 300 millones de euros anuales.

La normativa española, según Diego Moxó, director del área de Gestión del Medio de la Agencia Catalana del Agua, «está muy avanzada y, si hay un riesgo grave, ya no se construye. Otros países, como Francia, se quieren basar en ella para desarrollar la suya». Moxó cree que la «mayoría» de núcleos urbanos construidos en zonas de riesgo es «de antes de la ley del agua de 1985, pero aún quedan muchos en torrentes o barrancos». Según la información de la Agencia Catalana del Agua, «el 15% de la superficie urbana o urbanizable está en zonas inundables».

La Agencia Catalana del Agua ha pusto a disposición de la población la actualización de las zonas con riesgo potencial de inundación. En la presente década, solo en esta comunidad, se inventariaron 45 episodios de inundación por lluvias y aumento del caudal de los ríos que acarrearon indemnizaciones por 21 millones de euros para 140 municipios.

Más de 700.000 personas en toda España viven con inquietud semanas como ésta en la que se ha decretado la alerta por lluvias torrenciales en varias provincias.