El juez archiva la denuncia por la falsificación de la firma de un concejal de ACPT

Respecto al delito de falsificación documental, el magistrado señala en el auto que ha quedado plenamente probado que la firma de Iván Martínez fue falsificada, pero no se ha podido identificar al autor por las circunstancias indicadas anteriormente. En relación con la declaración incriminatoria de la testigo Blanca Rosa Gómez Morante, entonces alcaldesa, el juez indica que «simplemente» manifestó que oyó decir que había sido Lidia Ruiz Salmón, pero «sin poder precisar la identidad de la persona o personas a quien había oído tal aseveración».

«No puede descartarse por tanto afirma el juez, que la falsificación hubiese sido cometida por cualquier otra persona, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional». Respecto al delito de uso de documento falso, dice en la sentencia que también procede acordar el sobreseimiento provisional, puesto que «se trata de un delito doloso y no existen indicios suficientes de que los imputados conociesen la falsedad de la firma cuando el documento fue presentado en el Registro del Ayuntamiento para su tramitación».

El magistrado ordenó recientemente el traslado de las diligencias previas al Fiscal y la acusación particular (el Ayuntamiento) para que informasen si consideraban que existían «méritos» para formular acusación contra Lidia Ruiz Salmón, entonces concejala, o Nuria Gutiérrez, secretaria de la Alcaldía, por la posible comisión de un delito de uso de documento falso. Ambos contestaron que no, dado que Ruiz Salmón retiró la moción del debate plenario e Iván Martínez restó importancia a lo sucedido. El juez trataba de aclarar de quién partió la orden de registrar la moción y quién se encargó de realizar el trámite. Lo cierto es que la moción, en la que se condenaban los recortes del PP, no se llegó a debatir en sesión plenaria al percatarse Martínez de que su rúbrica había sido falsificada.

Este periódico tuvo acceso al resultado del informe pericial sobre la firma falsa que solicitó el juez a la Guardia Civil. El estudio, fechado en Madrid, concluye que la rúbrica cuestionada es realmente falsa y que «no es posible atribuir pero tampoco descartar» la autoría de las tres personas entonces imputadas. El regionalista Pedro García Carmona ocupa ahora el cargo de director general de Administración Local, mientras que la exalcaldesa sigue siendo secretaria general de la Agrupación Socialista y Aguirre ha vuelto a la militancia de base. La Guardia Civil insiste en su informe en que ha hallado tanto «concordancias» como «discrepancias» en el análisis de los cuerpos de escritura a los que tuvo acceso.

El Ayuntamiento de Torrelavega decidió personarse como perjudicado en la causa en septiembre de 2014, atendiendo las indicaciones del letrado municipal. El caso desató una tormenta política a principios de ese año y fue llevado al juzgado en junio de 2014 por los 10 concejales del PP, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad en documento público y usurpación de personalidad. En una tribuna publicada en EL DIARIO MONTAÑÉS, el edil de ACPT dijo que los ponentes de la moción en la que apareció falsificada su firma le habían pedido disculpas.

Moción de censura

La propuesta fue firmada por Lidia Ruiz Salmón y Pedro García Carmona (PRC), entonces (30 de diciembre de 2013) en la oposición, que manifestaron no tener nada que ver con la falsificación. En el documento se instaba al Pleno a reprobar las políticas de recortes del PP unos días antes del debate de la moción de censura, promovida por socialistas y regionalistas, que desalojó de la Alcaldía al popular Ildefonso Calderón.

Según un informe previo emitido por el abogado municipal, dada la naturaleza de los hechos objeto de las diligencias, el Ayuntamiento debía ostentar la condición de perjudicado, dado que le asistía el derecho de mostrarse parte en el proceso y ejercitar las acciones civiles y penales que procediesen. A su juicio, dada la condición de perjudicados de los denunciantes, el Ayuntamiento también debía comparecer en el procedimiento con la misma condición, ya que «los hechos denunciados afectan al Pleno municipal, pues se presentó una moción para que fuese debatida en una sesión plenaria de la Corporación».

En su denuncia, los concejales del PP pidieron al juez que recabase del Ayuntamiento el documento original que fue falsificado. También solicitaron que declarasen en calidad de testigos Ruiz Salmón y García Carmona, a fin de conocer quién fue la persona que suplantó la firma de Martínez. En este sentido, reclamaron el cuerpo de escritura de ambos a fin de cotejar su firma con la que aparece en la moción. El PP solicitó que los cuerpos de escritura fuesen enviados junto con el original falsificado al grupo de policía científica del Cuerpo Nacional de Policía.