Polanco reclama por vía civil 500.000 euros por el pabellón de Requejada

En rueda de prensa, la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz (PRC), ha explicado que la reclamación se presenta por la "responsabilidad contable por alcance" a los autores del proyecto y al director de los trabajos, al haber firmado certificaciones de obra a la empresa constructora cuando no se llegaron a ejecutar.

Además, a estos técnicos se les reclamará el quebranto sufrido por el Ayuntamiento al haber permitido que el proyecto adolezca de ciertas carencias que ha sido necesario solventar con posterioridad, así como otras irregularidades detectadas durante la construcción de la instalación deportiva.

Díaz ha avanzado que la demanda civil se presentará cuando los servicios legales del Ayuntamiento concluyan su redacción con los razonamientos jurídicos que la justifican, algo que es posible porque el Tribunal de Cuentas ha aceptado una alegación municipal que interesaba la existencia de posibles delitos.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento opta por la vía civil para reclamar el quebranto económico debido a que el anterior equipo de gobierno del PP "dejó pasar" los plazos en los que era posible hacerlo por la vía penal.

Ha recordado que en julio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) archivó la causa abierta contra el entonces alcalde, Julio Cabrero, los concejales del PP y el exedil de Obras Luis Barrero, que estaban acusados de prevaricación al contratar las obras del polideportivo de Requejada.

La causa había sido abierta varios meses por el TSJC a instancias del Tribunal de Cuentas del Estado, por un modificado del pabellón que lo encareció en más de 450.000 euros, tras una denuncia del grupo del PSOE en el Ayuntamiento.

En su auto, el TSJC concluyó que no apreciaba delito en la actuación del alcalde y los ediles, que en su día votaron a favor del modificado del contrato de obra del pabellón polideportivo.

Por contra, decidió enviar el procedimiento al Juzgado de Instrucción número 2 de Torrelavega para que investigue la actuación de los dos ingenieros y el directivo de la empresa que acometieron estos trabajos, por si cometieron algún delito al elaborar las facturas, certificar la obra y gestionar los cobros.

Al pasar los plazos, la vía penal se cerró pero ahora el Ayuntamiento pretende llevar el asunto a la vía civil para reclamar los 500.000 euros.

Pago a los trabajadores temporales

Por otra parte, el Ayuntamiento de Polanco no recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social número 2, de Santander, que estima parcialmente la reclamación efectuada por los trabajadores temporales contratados por la Administración local en 2015 con la subvención del Gobierno de Cantabria, y fija la aportación municipal en 1.900 euros por trabajador.

La alcaldesa, la regionalista Rosa Díaz, ha avanzando que el Ayuntamiento "acata" la sentencia porque "avala" los informes de Secretaría e Intervención, que decían que la reclamación de los trabajadores era "excesiva", y porque "nos da la razón cuando nos opusimos a la modificación del convenio en 2014".

De hecho, ha apuntado que la sentencia recoge "íntegramente" el acta del Pleno en el que el PP aprobó la modificación del convenio y el PRC y PSOE se opusieron.

Díaz, que ha comparecido ante los medios junto al teniente de alcalde, el socialista Felipe Tapia, ha subrayado que la modificación del convenio laboral aprobada por el PP en noviembre de 2014 supuso "un paso atrás y una discriminación", ya que estos empleados pasaban a cobrar "solo" la cuantía de la subvención del Gobierno.

Por ello, ha explicado que cuando asumieron el Gobierno de Polanco en junio de 2015 y los trabajadores reclamaron "íbamos a aceptarlo, pero Intervención y Secretaría nos presentaron unos informes que nos hicieron rechazarlo porque consideraban que era excesiva", ha añadido.

De hecho, frente a los 5.300 euros que reclamaban los trabajadores, la sentencia fija la aportación municipal en 1.900 euros por trabajador. Tanto la alcaldesa como el teniente de alcalde han apuntado que la sentencia la van a extender al resto de trabajos temporales del Ayuntamiento contratados con subvenciones.

De este modo, la medida favorecerá a los 43 contratados con los distintos programas de 2015 y a los 53 que contratará por medio de los cinco proyectos aprobados en la convocatoria de este año. Según los cálculos del equipo de Gobierno supondrá "un coste de unos 300.000 euros".

"Los trabajadores tendrán un salario digno y vamos a seguir con nuestros proyectos, inversiones y dando atención", ha subrayado Tapia, quien ha avanzado que están trabajando en la redacción de las bases para la contratación del personal.