Un informe revela que hay concentración de metales pesados en el campo de golf

Los ecologistas señalan que, en cualquier caso, los trabajos se deben paralizar de inmediato para valorar el estudio realizado por el CIMA sobre la composición del suelo, para evitar que «la contaminación se extienda por los alrededores, tanto al agua como al aire y los suelos cercanos». El colectivo también reclama a la Consejería de Medio Rural copia de los escritos en los que la Coordinadora Contra el Paro (Coorcopar), promotora del proyecto, pide autorización para realizar la tala del arbolado, así como la autorización del Servicio de Montes.

Esta agrupación también se queja de que el informe del CIMA es incompleto, pues solo ha remitido las analíticas de siete de las 21 muestras de suelo realizadas, por lo que «no se han determinado las concentraciones de distintos compuestos en el suelo». No obstante, reconoce que las muestras del terreno y metales pesados son «bastante contundentes». Además de zinc y plomo, el estudio revela la presencia de altos niveles de cadmio y arsénico.

Según los ecologistas, se trata de una contaminación muy elevada para uso industrial y mucho más para uso urbano, por lo que «sería preceptivo un análisis de riesgo, particularmente si además hay un cambio de uso del suelo». También hacen hincapié en que la construcción de un campo de golf debería conllevar la recalificación previa del suelo, en cuyo caso «la Dirección General de Medio Ambiente no puede en absoluto inhibirse; su informe es preceptivo y vinculante».

Respuestas del Gobierno

La asociación ha ido recibiendo respuesta a sus denuncias en las últimas semanas. Además de remitirle el informe del CIMA, la Dirección General de Medio Ambiente ha explicado al colectivo que no puede paralizar las obras porque no tiene constancia del proyecto, que ya le ha requerido a Coorcopar. También indica que los trabajos que se están llevando a cabo son los de tala de árboles, que cuentan con autorización de la Consejería de Medio Rural. Por último, informa que la finca fue cedida en 2015 por su propietaria, la empresa pública MARE, a Coorcopar por un periodo de 25 años.

Otra dirección general, la de Industria, responde a Ecologistas en Acción que la antigua balsa de decantación no está incluida entre las zonas a restaurar por la empresa minera, Asturiana de Zinc. No obstante, la compañía presenta mensualmente resultados de los análisis que realiza sobre el nivel freático en el viejo depósito de estériles. Por último, cita un informe técnico de 2006 que destaca la estabilidad del dique, estudio que sirvió al Ayuntamiento para recalificar el suelo.