El derribo del Museo de la Inquisición deja libre un solar en Santillana del Mar

La empresa Excavaciones Palomera ha concluido la demolición el Museo de la Inquisición de Santillana del Mar, ubicado en la calle Jesús Otero, así como de la vivienda que ocupaban los propietarios dela pinacoteca que han trasladado su empresa a otro local de la villa.

Ni rastro queda del antiguo edificio, dando cumplimiento así a la sentencia judicial que obligaba a ejecutar la primera fase de la demolición, aunque todavía queda una segunda, que afecta a nueve viviendas y dos locales comerciales que estaban separados de lo que acaba de ser demolido por una estrecha calle.

Los propietarios de estas viviendas siguen con la incertidumbre sobre cuales serán los plazos para hacer efectiva la sentencia de un contencioso que se iniciaba hace veinticuatro años. La primera orden de derribo de todo el conjunto llegaría años después, unas tareas que son responsabilidad municipal. La denuncia de un vecino de Santillana que afirmaba, y mantiene, que la construcción de este edificio en el centro histórico de Santillana contraviene la Ley de Patrimonio abría hace más de veinte años una causa judicial que aún sigue vigente al estar pendiente de ejecución una parte de la sentencia. El primer teniente de alcalde de Santillana, Ángel Rodríguez, explica que «hay que seguir los plazos que marque la ley» y agrega que «a no ser que venga el juez y diga 'esto hay que tirarlo', no se va a hacer», en referencia al edificio de viviendas que aún queda en pie.

Por su parte, el alcalde, Isidoro Rábago, ha intentando en varias ocasiones convencer al denunciante para que desista en el procedimiento y le ha ofrecido pagar los pleitos que ha tenido sobre este asunto, además de pedir disculpas públicas, pero el vecino de Santillana no da marcha atrás. Después de hacer frente a varias multas por no cumplir estrictamente la orden judicial, Isidoro Rábago ordenó en septiembre pasado cumplir la primera parte de la sentencia con la esperanza de que el denunciante no siguiera adelante con la otra parte, que es la afecta a las viviendas.

El Ayuntamiento de Santillana tuvo que habilitar un crédito por importe de 134.101 euros para iniciar los trámites de licitación para la demolición del edificio del Museo de la Inquisición. Al concurso público se presentaron catorce empresas.

Con el derribo completo del edificio del solar se daba cumplimiento a la sentencia dictada en 1993 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y ratificada en 1999 por el Tribunal Supremo. Además, en 2010 se requirió en una providencia al Ayuntamiento para que en el «improrrogable» plazo de seis meses procediera al derribo y se hablaba de otro periodo de 15 días a partir del 29 de octubre de 2009, en el que deberían iniciarse los trámites necesarios para la demolición.