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José Ignacio Arminio
Domingo, 23 de abril 2017, 08:16
El Gobierno de Cantabria ha tratado de ser imparcial en el conflicto que mantienen desde hace tres años los municipios de Torrelavega y San Felices de Buelna por la ubicación de un mojón en el monte Dobra. El Ejecutivo ha optado por fijar una posición intermedia para el deslinde, una decisión salomónica que ha dejado satisfecho al Ayuntamiento de Torrelavega, mientras el de San Felices sigue en desacuerdo.
Las discrepancias suscitadas entre las dos comisiones municipales se deben a las diferentes posiciones que para el mojón M2, situado en Jerrapil, se dan en el acta de deslinde de fecha 6 de agosto de 1926 y en el cuaderno topográfico de campo asociado al acta de 30 de agosto del mismo año. La propuesta del Ayuntamiento de Torrelavega identifica el mojón M2 con el vértice Jerrapil, basando sus datos en el contenido del referido cuaderno topográfico, mientras el de San Felices da por válido el acta de deslinde inicial, que sitúa el mojón a unos 120 metros al noroeste de Jerrapil.
La dirección general de Administración Local hizo suya el año pasado la solución intermedia propuesta en julio por el Instituto Geográfico Nacional ante la contradicción entre las actas de deslinde y sometió el expediente a dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo supremo del Gobierno de España. Dicho dictamen llegó en octubre y fue emitido en sentido favorable a los términos planteados por el Instituto Geográfico Nacional.
Finalmente, el Gobierno de Cantabria aprobó recientemente el deslinde en los mismos términos que la propuesta técnica que contiene el informe emitido por el Instituto Geográfico Nacional, que se basa en una interpretación del acta de deslinde fechada el 6 de agosto de 1926, levantada por ese mismo organismo. Se trata de un risco situado en zona de areniscas cuyas dimensiones son de 4,5 metros de longitud, 2,5 de latitud y 3,5 de altura.
El Ayuntamiento de Torrelavega no va a recurrir esta decisión. Según el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, el deslinde fijado se ajusta más a los intereses de su municipio y, por lo tanto, es un decreto que "consideramos aceptable". No opina lo mismo Federico Crespo, teniente de alcalde de San Felices de Buelna, que considera que el Ejecutivo ha adoptado una decisión "sin ningún fundamento" para intentar "contentar a las dos partes".
El inició del conflicto fueron los trabajos efectuados en la línea límite entre ambos municipios en mayo de 2014, contemplados en el convenio suscrito por el Gobierno de Cantabria y el Centro Nacional de Información Geográfica para la actualización de las delimitaciones territoriales en la región. A la vista de los resultados del replanteo expuestos a las comisiones municipales, se pusieron de manifiesto discrepancias en lo concerniente a la ubicación del referido mojón. Las reuniones posteriores resultaron infructuosas y, finalmente, los dos ayuntamientos tramitaron actas de disconformidad. De nada sirvió entonces que los técnicos del Instituto Geográfico Nacional realizaran una primera propuesta intermedia, con nuevas coordenadas sobre la ubicación del polémico mojón de Jerrapil.
Discrepancias con Reocín
Esta no es la única discrepancia que ha surgido en la actualización de los límites de Torrelavega. La capital del Besaya y el municipio de Reocín mantienen diferencias sobre la ubicación de la subestación eléctrica del barrio La Turbera. Al igual que los ingenieros del Instituto Geográfico Nacional, Torrelavega dice que la subestación está en su territorio, mientras que Reocín discrepa abiertamente. Lo cierto es que este expediente también acabó en manos de la Dirección General de Administración Local, que está recabando los informes correspondientes.
Lo mismo que en otros casos surgidos en Cantabria con motivo de la actualización de los deslindes entre municipios, a la vía administrativa le puede seguir la judicial. Ese podría ser el camino para San Felices y Reocín si mantienen sus discrepancias con Torrelavega sobre los límites municipales.
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