ACPT y ARCA estudian denunciar a los técnicos que autorizaron el parque acuático

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), las dos entidades que recurrieron la tramitación del parque acuático y lograron paralizar el proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cantabria, están estudiando presentar una demanda conjunta contra los técnicos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), la entidad autonómica –dependiente de la Consejería de Obras Públicas– que en septiembre de 2021 autorizó la construcción del famoso 'aquapark'. «Si las cosas funcionasen bien hubieran sido los técnicos, y no nuestro recurso, el que hubiera paralizado el proyecto. Los técnicos han sido cómplices. Les exigimos responsabilidad», ha declarado este martes el portavoz de la formación asamblearia, Iván Martínez, acompañado por su compañero de partido Alejandro Pérez y el secretario general de ARCA, Carlos García, en una rueda de prensa ofrecida a los periodistas en la Sala Mauro Muriedas de Torrelavega.

Las descalificaciones contra la Crotu se han sucedido desde el principio del acto. Se trata de un órgano «mafioso», «intervenido» y «manipulado», para Pérez; y de una «comisión de favores urbanísticos» en lugar de una Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, según García. Superado el escenario del TSJC, ARCA y ACPT quieren evitar ahora la aprobación de todas las modificaciones que, tal y como ha avanzado el propio Ayuntamiento, se harán efectivas en el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aquí, las parcelas de la actuación van camino de quedar desprotegidas en forma de suelo urbanizable y, como tal, compatibles con las instalaciones turísticas. «Cualquier cambio nos obligará a acudir a los tribunales», ha avanzado Pérez, aún inmerso en los detalles de esta posible demanda.

Porque las responsabilidades que exigen ambas organizaciones no se quedan a nivel regional. El concejal de ACPT también señaló a Javier López Estrada, alcalde y sobre todo concejal de Urbanismo a la hora de tramitar todas estas modificaciones pendientes de aprobar. «En condiciones normales, habría presentado su dimisión. Ha intentado engañarnos a todos», ha reprochado el edil, en línea con lo dicho minutos después por el secretario general de ARCA: «En Torrelavega, siempre hemos puesto de ejemplo la buena tramitación del PGOU. Un modelo. De repente viene un proyecto orientado a deslumbrar electoralmente. Con las prisas esos planes suelen violentar el reglamente urbanístico. Y este es un caso de ellos. Con dinero nuestro, han puesto a toda la Administración a trabajar a favor de los infractores urbanísticos».

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