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El edificio que tiene problemas de okupas en Sierrapando sigue siendo noticia en Torrelavega. Según el concejal de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, el equipo de gobierno municipal (PRC-PSOE) ha «traicionado» a los vecinos del inmueble, que llevan más de un década sufriendo la okupación de ... más de una docena de viviendas. Ricciardiello acusa al alcalde, Javier López Estrada, de haber dejado en «total desamparo» a los «legítimos» propietarios del edificio por «mirar para otro lado en beneficio de las familias okupas».
Un juzgado de Torrelavega había fijado para el pasado miércoles el desahucio de dos de las once familias que ocupan ilegalmente pisos del inmueble Paseo del Norte, pero la propietaria de los mismos, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), pidió al juez que suspendiese los lanzamientos. La comunidad de propietarios, muy molesta con la decisión, teme que la entidad bancaria pública haya llegado a acuerdos con los afectados para firmar contratos de alquiler social y evitar así los desalojos. Los vecinos pedirán la anulación de los mismos porque la convivencia en el edificio es «imposible».
Ricciardiello ha trasladado todo su apoyo a los afectados, a los que respalda en su «determinación» por agotar las vías legales para recuperar la pacífica convivencia en el inmueble. Según el edil de Cs, la Sareb está negociando «a espaldas» de los vecinos contratos de alquiler «por siete años y a 300 euros mensuales».
«Después de más de una década, si la Sareb tiene que negociar con alguien que sea con los vecinos, para que por fin puedan dejar de ser víctimas de una situación que les está amargando la vida», afirma Ricciardiello, quien se ha referido a los problemas de estrés y ansiedad que sufren muchos propietarios por «las actuaciones incívicas de los okupas», entre las que figuran «destrozos del mobiliario comunitario y vandalismo».
En su opinión, desde el Ayuntamiento no solo no se les «reubica», sino que «se les legaliza su situación después del comportamiento asocial de varias de las familias residentes», lo que ha hecho que muchos vecinos «estén planteándose marcharse definitivamente del edificio ante la perspectiva de que la convivencia empeore». Ricciardiello concluye que, con estas actuaciones, en Torrelavega «se premia y se fomenta la okupación».
El juez acordó el pasado 7 de noviembre que continuase el proceso de desalojo por considerar que los afectados no están en situación de vulnerabilidad. El inmueble tiene okupas desde que estalló la burbuja inmobiliaria y la comunidad de propietarios viene denunciando graves problemas de convivencia.
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