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No es la primera vez que se adaptan los precios, pero esta debería ser la última. Adif, el Ministerio de Transportes, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega ya han acordado cómo tiene que pagarse el soterramiento. Es algo que se viene ... haciendo otras veces, pero que las partes se ven obligadas a revisar por las modificaciones y la actualización de precios. La obra no ha parado de encarecerse desde que se pactó en 2018. Entonces, se calculó que enterrar las vías costaría 79,1 millones de euros; hoy, las cifras apuntan a 142,6 millones, esto es, casi el doble (80%) de lo que estaba previsto en origen. Este nuevo y último cálculo deja al Ayuntamiento con una carga de 28,5 millones de euros, un 20% del total que irá abonando año a año hasta 2030. Esos casi treinta millones suponen prácticamente la mitad de un presupuesto municipal y van a obligar al Consistorio a endeudarse durante «quince o veinte años», según vienen reconociendo en el gobierno en coalición (PRC-PSOE).
Las declaraciones alrededor de este asunto se producirán seguro entre los grupos de la Corporación mañana, durante una Comisión de Hacienda que traerá la aprobación de estos cambios y obligaciones entre los grandes puntos del orden del día. Tras este paso, previsiblemente apoyado al menos con la mayoría del gobierno, el Ayuntamiento de Torrelavega asumirá oficialmente estos cambios y podrá firmar la segunda adenda del convenio del soterramiento junto al Gobierno autonómico y Adif.
Estos también tienen que asumir su parte. Fíjense en la del Ejecutivo cántabro, por ejemplo, que se obliga a invertir 42,7 millones, el 30% de las obras; hace seis años eran 23. La otra mitad de la financiación, 71,3 millones, la pondrá Adif, entidad dependiente del Ministerio de Transportes por el que, desde la firma del convenio en 2018, ya han pasado hasta cuatro ministros -De la Serna (PP), Sánchez (PSOE), Ábalos (PSOE) y ahora Óscar Puente (PSOE)-. La primera adenda la firmó Sánchez en 2022; de la segunda se encargará Puente, en las próximas semanas. Ya con la adenda incluida, el convenio, que además se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2030, estará pulido y actualizado a los precios y obligaciones actuales.
No todas son económicas. El Ayuntamiento contrae también un compromiso urbanístico clave, relativo al futuro de los terrenos liberados por esta actuación, pendientes de la renovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ese, si bien es un objetivo de legislatura distinto, también está asociado a los intereses que persigue el Estado ejecutando el soterramiento. Es más, y también en el marco de este convenio, el Ayuntamiento se compromete a promover la tramitación del planeamiento urbanístico teniendo en cuenta los proyectos de infraestructuras ferroviarias y el desarrollo del suelo afectado y que pertenece a Adif.
Las tres administraciones involucradas en el soterramiento conformaron un tablero de juego y unas reglas en 2018 con la firma del convenio -y con permiso de la firma del protocolo en 2011, que también fue un gesto importante-. Desde entonces, las piezas han ido avanzando en la misma dirección. «No hay marcha atrás», vienen diciendo el alcalde, muchos concejales y otras autoridades involucradas. Pero queda lo fundamental: que el Consistorio tenga el proyecto del soterramiento en las manos. Este es el documento que vendrá a confirmar si todos estos números se quedan así o, por el contrario, se disparan otra vez.
No es ninguna locura pensar que se vayan a encarecer de nuevo. Tampoco que, en vez de acabar en 2030, el proyecto vaya a quedar terminado finalmente en 2035. Nadie lo sabe. El soterramiento no sólo es la obra de ingeniería más importante que ha afrontado jamás esta ciudad, sino también una incertidumbre total para los ciudadanos y el propio Ayuntamiento. Sus detalles son un enigma hasta que no haya un plan de trabajo sobre la mesa.
Octubre de 2024, la fecha límite del plazo para su redacción tras varias prórrogas desde 2017, no es un mes cualquiera para recordarlo. De hecho, fuentes municipales aseguran haber recibido ya el borrador del proyecto, en línea con los plazos adelantados por El Diario este mismo verano.
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