El agente de seguros detenido en Torrelavega será juzgado por apropiación indebida

El mediador cerró su oficina el pasado mes de diciembre y cientos de clientes han solicitado ayuda a otros agentes por sentirse estafados. La compañía Generali y el Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria han lamentado «profundamente» el problema causado a los afectados.

J. G. F. fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial en cumplimiento de una requisitoria emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrelavega, que le investiga desde hace dos años. Un vez notificado el auto, fue puesto en libertad.

El juzgado le investiga porque, en calidad de gerente de la oficina, presuntamente recibió de un cliente 710 euros en concepto de seguro de suscripción obligatoria de su vehículo. Sin embargo, en la aseguradora consta que el mismo fue anulado por impago del recibo correspondiente, de modo que no entraron en vigor las coberturas de la póliza.

Meses después del pago, relata el auto que una familiar del titular del vehículo fue sancionada con 1.500 euros por circular sin seguro, llevándose la grúa el coche al depósito municipal. El juzgado considera que existen indicios de la comisión de un delito de apropiación indebida, que atribuye al gerente de la agencia de seguros y a la administradora única de la misma.

La Fiscalía ha formalizado su acusación contra J. G. F., para el que solicita una pena de ocho meses de prisión y el pago de una indemnización de 2.296 euros como autor de un delito de apropiación indebida. Sin embargo, el ministerio público considera que el procedimiento se debe sobreseer respecto a la administradora única de la agencia, al considerar que no existen indicios de que participase en los hechos.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el cliente afectado pide una pena para cada uno de los dos investigados de dos años y medio de prisión y 2.700 euros de multa, además del pago de una indemnización conjunta y solidaria de 2.296 euros.

Formalizadas las acusaciones, la magistrada del juzgado dictó el pasado mes de abril el auto de apertura de juicio oral, notificado este jueves a los investigados, y ahora son las defensas las que deben presentar sus correspondientes escritos, paso previo para elevar el procedimiento al órgano competente para su enjuiciamiento.