De 3 a 5 años de cárcel para cuatro trabajadoras de Sierrallana por coacciones a compañeros

En una sentencia que pude ser apelada ante la Audiencia Provincial de Cantabria, y a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la jueza también impone una multa de 14.400 euros a cada una de las condenadas, que igualmente tendrán que indemnizar a las denunciantes con 14.624 euros. No obstante, su representación legal ya ha avanzado al Juzgado que van a recurrir el fallo.

Para la magistrada ha quedado probado que, entre 2011 y 2019, las cuatro condenadas «fueron formando un grupo ligado por una íntima amistad, que funcionaba como grupo de presión y de poder sobre el resto de personas que fueron trabajando en el laboratorio de anatomía patológica del Hospital Sierrallana».

Para conseguir su propia estabilidad laboral, en el caso de una de las acusadas, y para imponer su voluntad en la forma de realizar y organizar el trabajo, las ahora condenadas «fueron excluyendo y hostigando a todos aquellos que no quisieran seguir sus directrices». De una manera especial su actuación fue dirigida a aquellas personas que fueron nombradas por la dirección médica del hospital para desempeñar el cargo de coordinador.

De esta manera, apunta la jueza, han logrado consolidar su puesto de trabajo en el citado servicio en el que una de ellas lleva trabajando 21 años, otra trece, una tercera siete y la cuarta estuvo primero con contratos temporales hasta que ya en 2016 consiguió trabajar de forma ininterrumpida, no habiendo cesado en Sierrallana hasta haber obtenido una vacante en el Hospital Valdecilla de Santander.

«Tal prolongación de los puestos de trabajo en el tiempo, para las que ostentan el estatus de interinas, ha sido debido a su actuación conjunta que ha llevado a otros trabajadores, con mejor puesto en las listas de contratación que ellas, a cesar o rechazar contratos a fin de evitar padecer la presión y hostigamiento en el trabajo».

Especialmente «beligerante» ha sido la conducta de las cuatro trabajadoras condenadas respecto de los coordinadores del servicio, según recoge la magistrada Aja. Una de ellas estuvo ocupando tal puesto hasta 2011, cuando dimitió. Tras el referido cese, esta, con el apoyo de las otras tres amigas, «han estado desoyendo la directrices, organización y pautas de trabajo marcadas por los sucesivos coordinadores, ridiculizando a los mismos, desprestigiando su trabajo y sus capacidades para desarrollarlo, efectuando afirmaciones como que les venía grande el cargo ante las superiores instancias del hospital, como jefes de sección, de servicio y dirección médica».

Por otro lado, la jueza sostiene que con carácter general hacia los compañeros de trabajo que les resultaban un estorbo a sus fines, las condenadas «faltaban al respeto de manera constante» con canciones y vídeos referidos a la orientación sexual de alguno de ellos, con sorna y ánimo de ridiculizar, con expresiones como «alguien no se ha duchado», «chicas, aquí huele mal», «has comido macarrones con chorizo, a alguien le gusta mucho el chorizo», referida a una compañera que se había pintado los labios de rojo; «tiene pelos de loca», riéndose de la forma de vestir de alguna de esas personas, grabándose con la ropa de aquellas superpuesta sobre la suya, profiriendo insultos como «insecto, gorda, tu marido es un cornudo, y pintando monigotes sacando la lengua».

Para la magistrada, las coacciones cometidas por las acusadas se deben considerar «graves» por diversos motivos. El primero, que han sido muchas y de muy diversa índole las conductas llevadas a cabo por aquellas. En segundo lugar, que han sido muchos los años durante los que estas han venido desarrollando esas conductas vejatorias y denigrantes, puesto que al menos desde 2011 han quedado constatadas las actuaciones enjuiciadas, y de manera clara y contundente, desde 2013 hasta al menos 2020, e incluso podría decirse que hasta la actualidad.

Dichas coacciones han provocado diversos problemas de salud entre las denunciantes.