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Objetivo.
VPO. La necesidad de nueva vivienda y, en especial, de vivienda de protección oficial (VPO)es una de las cuestiones principales que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrelavega pretende satisfacer.
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Propuestas.
Suelo industrial. El documento, aprobado inicialmente el 19 de marzo de 2019 y que ya ha cumplido el periodo de información pública y alegaciones, contempla soluciones para la falta de suelo industrial, nuevos viales e infraestructuras.
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Vivienda nueva.
Desarrollos urbanísticos. Además de dotaciones y equipamientos, el Plan General, está diseñado especialmente, para posibilitar aquellos desarrollos urbanísticos pendientes que den lugar a viviendas, parte de ellas de protección oficial.
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Crecimiento.
Protección Oficial. El nuevo Plan General de Torrelavega contempla la construcción de 1.700 viviendas de protección oficial. Destacan las 335 viviendas en los dos sectores del Plan Parcial Campuzano, que se reconvierte con varios usos.
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Planes Parciales.
Más viviendas. Destacan las 290 viviendas previstas en el Plan Parcial Coteríos; 190 en el Plan Parcial Viar; 150 en el Plan Parcial Sierraespina; 75 viviendas en Plan Parcial Ganzo-Duález; o 66 en los dos planes de nueva creación de Viérnoles.
Previo a ese Pleno se celebrará este jueves una comisión de seguimiento en el que el equipo redactor expondrá este informe y posteriormente se celebrará una comisión extraordinaria de urbanismo el día 30, lunes.
Una vez que el documento con el informe de alegaciones cuente con el visto bueno de la Corporación municipal, se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente para la obtención de la memoria ambiental y también se solicitarán los informes sectoriales de las distintas Administraciones. Esta memoria y estos informes no deberían de demorarse más allá de ocho meses, con lo que al final del verano el documento iniciará una nueva fase.
Con la memoria ambiental y los informes sectoriales se recogerán las indicaciones de los mismos y se incorporarán al texto para proceder a un nuevo periodo de exposición pública de 45 días, antes de someterlo a Pleno para su aprobación provisional y después remitirlo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para su aprobación definitiva.
A la vista del retraso que lleva la tramitación del Plan General, la empresa encargada de redactar el documento ha solicitado al Ayuntamiento una nueva prórroga -la cuarta desde que se iniciara el proyecto- ya que entiende que es previsible que durante la fecha de finalización del contrato (13 de enero de 2021) no se haya finalizado la tramitación completa del documento.
Demoras y fases
El equipo redactor del plan -encabezado por las arquitectas Carmen Andrés y Llanos Masiá- entiende que no es responsabilidad de la empresa adjudicataria de este contrato «los dos años que el Ayuntamiento ha tenido paralizada la tramitación del documento entregado y que contaba con todos los informes favorables para poder llevarla a cabo». En este escrito el equipo redactor recuerda que ha cumplido los plazos establecidos en cada caso para la ejecución de las fases primera, segunda y tercera previstas en el contrato, «no habiéndose producido demora en ninguna de ellas».
Así, señala que la tercera fase finaliza con la entrega del documento completo del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega para su aprobación inicial y estudio de sostenibilidad ambiental tras informes sectoriales previos, que recogen los ajustes y modificaciones derivados de los informes de los técnicos municipales, entregado en marzo de 2017.
Mientras, la cuarta fase establece, según el pliego de condiciones del contrato, la aprobación en sesión plenaria del documento inicial e informe de sostenibilidad definitiva y exposición pública. En este punto el equipo que dirigen las arquitectas Carmen Andrés y Llanos Masiá aclara que el Ayuntamiento disponía de toda la documentación para la tramitación de esta fase de aprobación inicial, que «además contaba con todos los informes favorables que, sin embargo, no llegó a tramitar hasta pasados dos años, produciéndose la aprobación inicial el 19 de marzo de 2019». El escrito firmado por Carmen Andrés sostiene que la demora en la tramitación del Plan General se ha producido por causas ajenas al equipo redactor.
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