La Audiencia confirma el desahucio del complejo Óscar Freire por parte del Ayuntamiento Torrelavega

Era otro capítulo de la 'batalla' judicial, entre ambas entidades, en la que el Consistorio recurrió la sentencia que declaraba resuelto el contrato de arrendamiento de las instalaciones y fijaba el desahucio para el 10 de julio de 2018.

Este jueves, la sección cuarta de la Audiencia Provincial ha rechazado en su totalidad ese recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Torrelavega en relación con el desahucio pedido por la empresa, que incluye los terrenos del complejo deportivo y el edificio de la casa del Padre Coll.

Esta resolución, con fecha de 19 de junio, desestima los argumentos municipales contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega, que declaró resuelto el contrato de arrendamiento entre Sniace y el Ayuntamiento por los terrenos y el inmueble, y confirma el desahucio.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, además de desestimar el recurso de apelación e imponer al Ayuntamiento las costas, se confirman los argumentos del Juzgado de Primera Instancia en el sentido de que ha expirado el plazo de arrendamiento y, por tanto, se debe proceder al desahucio de los terrenos.

La decisión del Juzgado de Primera Instancia es consecuencia de la denuncia por impago promovida por Sniace de una cantidad cercana a los 870.000 euros por el arrendamiento de los terrenos deportivos, cantidad que el Ayuntamiento reduce a poco más de 530.000 y que pretende compensar con deudas de la empresa con el municipio.

Según la defensa jurídica del Ayuntamiento, la deuda con Sniace es por el uso de las instalaciones desde 2011 a 2017, seis años a razón de 88.000 euros anuales desde que expiró el acuerdo suscrito en 1999, más los intereses de estos ejercicios.

Por el contrario, no reconoce como real las sucesivas actualizaciones de la renta que Sniace aplica entre 2011 y 2017, cantidad que se elevaría a unos 300.000 euros a los que se añadirían otros 27.000 por la cuantificación de los intereses de la deuda.

Esta inicial controversia se ha visto ampliada con la decisión municipal adoptada en 2017 de iniciar un expediente expropiatorio de los terrenos que todavía no ha sido resuelto.

Tras conocer la resolución judicial, el grupo de ACPT en el Ayuntamiento ha asegurado este jueves que la sentencia pone «en grave peligro» la continuidad de poder seguir utilizando el complejo Óscar Freire como una zona deportiva pública.

Además, ha denunciado que en estos terrenos se ha realizado una inversión pública por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria de más de cuatro millones de euros desde que se firmó el convenio allá por 1999, tanto en la mejora de viales como del propio complejo deportivo.

Por todo ello, la formación ha solicitado al equipo de gobierno PRC-PSOE información respecto de las consecuencias de la decisión de la Audiencia Provincial, así como sobre qué planes se tienen para que se pueda continuar con la actividad deportiva que se viene desarrollando en este complejo.

Junto a ello, ha recordado que la empresa aboga por ceder los terrenos al Ayuntamiento «a cambio de una serie de recalificaciones en su excedente de suelo industrial convirtiéndolo en suelo terciario que permitiría la construcción de un gran centro comercial».

En este sentido, la empresa presentó al Ayuntamiento una propuesta de actuación urbanística en todo el lateral de los terrenos del complejo fabril que mira hacia las instalaciones deportivas del Óscar Freire y en el que tendría desarrollo una zona comercial, con establecimientos de hostelería, parques y jardines. Una propuesta que cayó en saco roto después de que la Corporación municipal en bloque decidiera posponer hasta que no se apruebe la revisión del Plan General.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en la que todos los grupos mostraron su oposición a la propuesta de Sniace de reordenar y reclasificar parte de sus terrenos industriales, acordó que «no es el momento oportuno» para tramitar este modificado de los usos del suelo mientras se está llevando a cabo la revisión del Plan General de Ordenación Urbana