La Audiencia dice que las obras en un bajo provocaron las grietas en el edificio de Ronda Garcilaso

María del Carmen Pérez Aja, dueña de uno de los pisos más agrietados, demandó a AC 1 Plus por los trabajos de reforma de un local en la planta baja, destinado a Punto de Encuentro Familiar y propiedad del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). La vecina pidió que se condenase a la empresa a realizar los trabajos necesarios para solucionar los daños ocasionados en su propiedad. La parte demandada se opuso solicitando la desestimación de la denuncia.

Finalmente, el juzgado estimó íntegramente la demanda y condenó a la constructora a realizar los trabajos que pedía la propietaria del piso, en base a un informe técnico, con expresa imposición de las costas procesales. AC 1 Plus interpuso recurso de apelación denunciando un error cometido por el juez en la valoración de la prueba y, por ello, en las consecuencias jurídicas alcanzadas. Ante esta consideración, la entidad pidió que se estimase el recurso y se desestimase íntegramente la demanda.

La Audiencia Provincial recuerda en su fallo que el juez de instancia, tras explicar suficientemente los criterios de los tres informes técnicos presentados en el proceso, formó su convicción sobre la base de lo señalado por el perito de designación judicial, que valoró los hechos de forma coincidente, en lo esencial, con el perito de la denunciante. La Sala, bajo la plena soberanía jurisdiccional del recurso de apelación, coincide con el juez de instancia en su convicción.

«La condición personal y profesional de los técnicos -señala la sentencia-, su coincidencia en los pareceres y la inexistencia de motivos técnicos para rechazar su argumentación, constituyen factores que permiten convencer sobre los hechos y ratificar en consecuencia la previa decisión judicial, bajo los criterios, por tanto, de la sana crítica judicial».

La sentencia ahora confirmada concluye que constan debidamente acreditados los daños reclamados, su relación de causalidad con las obras realizadas por la demandada y la culpa de ésta. Y explica por qué: «Cuando se trata de actividades que comportan riesgos superiores a los normales, como es el caso, corresponde al profesional demandado facilitar una explicación del daño que exonere de responsabilidad, cosa que en este caso no se ha producido».

El juez de instancia dio preferencia al perito judicial por entender que sus conclusiones resultaron «correctas y acertadas», pues ofreció en el juicio una explicación «lógica y totalmente razonable» sobre la aparición de los daños en la vivienda y su relación con las obras del local. El perito consideró que esos trabajos, al picar con medios mecánicos, «habrían afectado a la viga riostra, dando lugar a que las vibraciones se trasladaran a un pilar».