El Ayuntamiento de Torrelavega declara en ruina un edificio en Tanos y ordena su derribo

Alejandro Pérez, concejal de ACPT, preguntó al alcalde por este asunto en la última sesión plenaria de la Corporación, celebrada el pasado jueves, y mostró su preocupación por la seguridad de los vecinos, dado que los bomberos han cortado también el acceso a la parada del Torrebús próxima a las edificaciones. El regidor dijo que le contestará por escrito. El edil de Urbanismo ha indicado a este periódico que ya se ha notificado la orden de derribo al propietario de los inmuebles, pero la presencia del amianto retrasará el proceso «unos 40 días». Gerson Lizari recuerda que mientras la propiedad solicita el permiso correspondiente para la retirada de la uralita, tendrá que tomar «medidas precautorias que se le han notificado en la resolución».

A Amador Pérez Guerra, presidente de la Asociación de Vecinos de Tanos, le parecen «lógicas» las medidas que ha tomado el Ayuntamiento, porque «ese edificio se había convertido en un peligro para la gente y un foco de suciedad y ratas». Pérez Guerra dice que los vecinos están interesados en que se abra al público la zona verde que está situada en la parte posterior del inmueble y es propiedad municipal. Según el presidente de la AA VV, Tanos tenía un par de edificaciones similares en la zona del cementerio, pero hace tiempo que el Consistorio tomó medidas para «solucionarlo».

En la resolución de la Alcaldía se le comunica también al propietario que tiene que presentar la siguiente documentación: dirección técnica del derribo; descripción detallada de las características morfológicas, materiales y elementos de diseño del edificio, con el fin de excluirle del Catálogo de Elementos Protegidos (antigua casona montañesa); planos acotados y a escala de las plantas, alzados y secciones; documentación sobre la gestión de residuos y aprobación del plan de trabajo para la retirada del amianto.

Mientras tanto, la propiedad debe adoptar, de forma inmediata, las medidas precautorias necesarias para evitar el peligro de despredimientos que puedan poner en riesgo la seguridad de personas o bienes, así como efectuar el urgente apuntalado de la edificación y vallado perimetral de la zona para «evitar daños por posibles derrumbes, incluyendo en estas medidas precautorias la del derribo de la zona del muro trasero de mayor peligro en su seguridad».

«Las obras de derribo de los inmuebles deberán estar finalizadas en el plazo máximo de dos meses desde su inicio -añade la resolución-, debiendo proceder a la limpieza y el vallado del solar una vez terminados los mismos. Se comunicará por escrito al Ayuntamiento la conclusión del derribo del inmueble y el vallado y limpieza del solar para que los técnicos del servicio de Urbanismo realicen las oportunas comprobaciones».

Finalmente, el Consistorio advierte a la propiedad que si transcurre el plazo de dos meses sin dar cumplimiento a lo ordenado en la citada resolución, adoptará las medidas necesarias para la ejecución subsidiaria de la orden, siendo todos los gastos y perjuicios a costa de los propietarios del inmueble.

En el momento de la inspección inicial, realizada el pasado 26 de septiembre, el arquitecto municipal observó que se había producido el derrumbe de parte de la cubierta de la edificación residencial. Lo mismo había ocurrido, aunque en mayor medida, en la nave anexa. Las fachadas presentaban el estado de degradación propio de una edificación abandonada, sin ningún tipo de mantenimiento, con pérdida de revoco, grietas y desconchados. Al técnico le llamó la atención que la fachada oeste, que se derrumbó después, se encontraba «abombada». Según el mismo informe, las solanas y carpinterías han perdido materiales y la madera se encuentra en mal estado, con varios desplomes. El interior de la edificación no pudo ser inspeccionado por falta de seguridad.

El propietario presentó una alegación en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), solicitando la exclusión del inmueble del catálogo de edificios protegidos por estar en estado de ruina y «no presentar ni asemejarse a las casonas tradicionales denominadas casas montañesas». En la actualidad se encuentran en fase de informe todas las alegaciones presentadas al documento, aprobado inicialmente el pasado mes de marzo. Teniendo en cuenta también que el edificio está deshabitado, la Alcaldía ordenó el derribo.