El Ayuntamiento estudia personarse como acusación particular en el 'caso Alborada'

Esa iniciativa, que pasará inexorablemente por el visto bueno de los servicios jurídicos municipales, viene a romper un silencio institucional que, salvando los contactos de las denunciantes con la Consejería de Políticas Sociales a principios de año y las respuestas de este departamento a preguntas de El Diario Montañés, venía resultando clamoroso para las familias. Dichas consultas con el Ejecutivo no sólo han servido para poner al Gobierno de Cantabria en conocimiento de unos presuntos malos tratos en una de sus residencias concertadas. Investigación judicial al margen, las familias urgen medidas «efectivas» para «garantizar el bienestar» de los cerca de 120 residentes de la Alborada. De ahí las palabras que expresaron hace un mes, en este periódico: «Son nuestros abuelos y familiares con quienes trabajan, no meros números».

Esa es una de las razones por las que las reuniones con las instituciones no han quedado ahí. Desde entonces los parientes se han citado con el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga; así como con los concejales José Luis Urraca, Borja Sainz y Laura Romano. Todos ellos trasladan su apoyo a las familias.

Entre tanto, estas han avanzado su firme intención de ejercer la acusación particular ante los tribunales, una posición que han visto reforzada tras la muerte de uno de sus mayores -padre de una de las denunciantes, a los 85 años, la semana pasada, meses después de haber sido trasladado a otro centro residencial por requerimiento expreso del Ministerio Público a raíz de esta misma investigación-.

Por su parte, y desde que la Fiscalía emprendió diligencias en enero, la Alborada viene reiterando un compromiso de «colaboración activa e implicada para el esclarecimiento de los hechos». Falta tiempo para que un juez dicte sentencia, pero el caso ya ha generado un «daño irreparable sea cual sea el recorrido del procedimiento judicial», como lamenta el centro, que insiste: «De acreditarse finalmente como ciertos», los supuestos malos tratos «resultarían imputables a una persona o personas concretas e individualizadas, cuya actuación a ellas en exclusiva resulta atribuible, sin que exista ningún tipo de implicación o instrucción por parte de la institución propiamente dicha».

Las pesquisas continúan dando pasos en el procedimiento y avanzando de forma inevitable hacia el estrado del Juzgado de Instrucción Número 7 de Torrelavega. El ilícito investigado por el magistrado, el de tratos degradantes, contempla entre seis meses y dos años de cárcel en el Código Penal (art. 173.1), hasta tres cuando las víctimas son vulnerables o están bajo custodia o guarda en una residencia (art. 173.2).