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La próxima implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Torrelavega sigue siendo motivo para la polémica. El concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, ha desmentido que las cámaras de control de acceso a la zona de la ciudad por la que no ... podrán circular los vehículos más contaminantes estén en funcionamiento y que, por tanto, hayan grabado y almacenado imágenes. El edil afirma que, «una vez más», la plataforma ciudadana que se opone al proyecto, Salvar Torrelavega, trata de «engañar a los vecinos».
Según Pérez Noriega, el Ayuntamiento está siguiendo los pasos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones conforme a la reglamentación vigente. «Desde el Ayuntamiento de Torrelavega -explica el edil- queremos dejar claro que las cámaras que van a controlar el acceso a esa zona no están en funcionamiento y que cuando se pongan en funcionamiento estarán debidamente dadas de alta en la Dirección General de Seguridad del Ministerio del Interior y debidamente señalizadas con unas placas características que se reconocerán por su fondo en color amarillo».
El concejal de Seguridad recuerda que estas no serán las primeras cámaras que se instalen en Torrelavega. «Sabemos de los requerimientos y los requisitos que tenemos que cumplir, y sabemos también que se tienen que poner las carteles anunciadores de las cámaras. En el momento en que tengamos todas las autorizaciones, se pondrán los carteles correspondientes y empezarán a funcionar», señala.
Torrelavega sigue dando pasos para convertirse en el primer municipio de Cantabria, muy por delante de Santander, con una ZBE en marcha. El equipo de gobierno (PRC-PSOE) apunta «al primer trimestre de 2025» para activar esta restricción del tráfico. En Torrelavega, esa área estará acotada entre las calles José María de Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina, una delimitación que, de hecho, se traduce desde hace semanas en la instalación progresiva de cámaras y otros dispositivos para controlar el tráfico rodado. Todo este arsenal tecnológico, en el que se han invertido cerca de 750.000 euros en los últimos meses, sigue instalándose en las calles de la capital del Besaya.
Mientras, los servicios jurídicos municipales mantienen un ojo puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Hace medio año que los jueces admitieron a trámite un recurso de la plataforma Salvar Torrelavega, convencida de la existencia de «incumplimientos flagrantes».
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