Barreda denuncia la existencia de un muro ferroviario frente a sus viviendas

El presidente de la Asociación de Vecinos Santa María de Barreda, José Gómez, recuerda que, 20 años después del fallo judicial, instaron por última vez al Ayuntamiento de Torrelavega a que realizase las actuaciones necesarias para que se cumpliese la sentencia, pero no ha habido ninguna reacción y los convoyes siguen estacionados durante meses en el mismo lugar. Prueba de ello es que las zarzas y la maleza invaden parte de los vagones.

Gómez señala que los vecinos, especialmente los residentes en los barrios de El Agua y La Tejera, vienen padeciendo desde hace décadas la permanencia «constante» de los trenes de mercancías frente a sus viviendas, vagones llenos en ocasiones de «carbón y sosa». Además, recuerda que vienen denunciando que la presencia «permanente» de estos convoyes con decenas de vagones forma un «muro infranqueable» para los vecinos de la zona, afectados «directamente» por los planes de evacuación de dos empresas próximas, Sniace y Solvay, ante posibles accidentes químicos.

El presidente de la AA VV pone un ejemplo de esta falta de seguridad: «Está el caso del Plan Alerta Cloro de Solvay, el cual se basa en una rápida evacuación de la zona ante un escape de gas cloro, un desalojo que sería imposible por la presencia permanente de vagones frente a nuestras viviendas». Según Gómez, el estacionamiento de los convoyes de mercancías no obedece a «ninguna causa lógica, ni de producción, ni de logística» de FEVE, empresa a la que han solicitado «por activa y por pasiva» que retire los vagones, sugiriendo lugares alternativos de estacionamiento «igualmente válidos y no perjudiciales para los vecinos».

Así mismo, el líder vecinal recuerda que en su última instancia al Ayuntamiento destacaban que, fruto de la «permanente reclamación» de los afectados, el TSJC dictó en 1998 una sentencia por la que se requería a la empresa ferroviaria a «adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar perjuicios a la población de Barreda», atendiendo así una orden municipal.

«Pese a la existencia de esta sentencia -explica-, los constantes requerimientos vecinales, el grave perjuicio medioambiental que provocan las toneladas de carbón y sosa en la zona, y que se les ha ofrecido por la propia empresa Solvay un espacio alejado de los vecinos y más apropiado para estacionar los vagones, éstos siguen permaneciendo inmóviles durante meses frente a nuestras viviendas, impidiendo la normal evacuación de estas zonas en caso de accidente químico».

Según la AA VV Santa María, no habiendo cambiado las circunstancias que motivaron la referida sentencia, por la cual se deberían evitar los perjuicios que sufre la población de Barreda, procede por parte del Ayuntamiento «acudir de nuevo al amparo jurisdiccional solicitando que se haga cumplir dicho fallo y se retiren los vagones de la zona».

Este periódico ha tenido acceso a la sentencia del TSJC y en ella se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), contra la resolución dictada por la Alcaldía de Torrelavega, fechada en abril de 1997, por la que se requería a la compañía a adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicios a los vecinos de la localidad. El Tribunal no admitió el recurso por dirigirse contra «un acto reproductorio de otro anterior consentido y firme».

El fallo judicial se refiere a una orden municipal anterior, fechada en junio de 1996, que versaba sobre idéntica materia, pues requería a la entidad ferroviaria para la adopción de determinadas medidas de seguridad, una orden que «no consta que fuera atendida, ni dio lugar a la interposición del oportuno recurso jurisdiccional». La resolución de la Alcaldía que después sí fue combatida judicialmente por FEVE estaba «en línea directa con la primera», pues se volvía a insistir en la necesidad de la adopción de «aquellas medidas garantizadoras de la seguridad de la población».

«Una vez dictado, por tanto, el primer acto administrativo y no recurrido, pues no fue impugnado en vía judicial, se considera que FEVE consintió sus determinaciones, que quedaron firmes y definitivamente excluidas de una ulterior posibilidad de controversia jurídica», señaló la sentencia cuya ejecución siguen reclamando los vecinos.