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Hace cinco años que Sniace cerró sus puertas por última vez, pero sus cuentas pendientes siguen dando de qué hablar y manteniendo ocupados a ... técnicos y servicios jurídicos de distintas partes con cientos de folios y reclamaciones. Esto ocurre desde hace muchos años y desde antes de que cerrara la fábrica en el propio Ayuntamiento de Torrelavega, por diferentes activos a lo largo de la historia, siendo uno de los más importantes en términos económicos el complejo polideportivo Óscar Freire.
El litigio alrededor de su valor, justipreciado en 2,7 millones de euros desde finales de 2022 y por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sigue sumando capítulos a la serie que protagonizan ambas partes. El último ha llegado esta semana, tras la solicitud por parte de los administradores concursales del auxilio judicial de la empresa ante el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid, un nuevo movimiento que viene a reiterar la solicitud del pago del justiprecio en los términos que las firma viene solicitando. Esto último es fundamental dejarlo claro porque es, básicamente, lo que enfrenta a las partes en sus posiciones en este nuevo litigio, que sigue a uno similar por el valor de El Patatal.
La empresa no quiere entrar en juego de sumas y restas; reclama esos 2,7 millones al margen de cualquier otra cuenta pendiente. El Ayuntamiento, por su parte, quiere afrontar parte de esa suma con créditos privilegiados que posee a favor de la compañía. Unos deben al otro y el otro al uno diferentes cantidades de dinero, por el complejo polideportivo Óscar Freire y, en sentido contrario, impuestos, por poner un ejemplo. Esta semana, y aludiendo a su situación de liquidación concursal, Sniace se ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid para pedir su parte del dinero.
El último movimiento de los administradores concursales de la fábrica no altera la posición del Ayuntamiento, que se acoge a su derecho de compensar el precio de la expropiación mediante los importes que aparecen como créditos, una fórmula que, recuerdan, tienen reconocida al tratarse de una Administración pública. La situación extinta y las dificultades que atraviesa la empresa no se pueden obviar en todo esto. Y el Ayuntamiento, que no quiere «ir a la cola como cualquier otro acreedor» -expresión que citaban estos días en el Consistorio-, lo tiene muy presente.
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