La convivencia con los okupas de Sierrapando es «imposible»

La comunidad de propietarios recuerda que el 20 de noviembre del pasado año, en la vista para acreditar la no existencia de «títulos legítimos» por parte de los ocupantes de las viviendas, ya puso de manifiesto los problemas que generan al resto de vecinos. Posteriormente, la comunidad informó al Juzgado de la denuncia presentada por el propietario que se prestó a testificar y «recibió amenazas por parte de los ilegítimos ocupantes».

«Esta misma semana -añade el escrito remitido al juez-, la vivienda del presidente de la comunidad ha sido reventada. Si bien los hechos aún se están investigando y no hay datos concretos en cuanto a los causantes de los mismos, lo cierto es que estas situaciones están generando una situación de miedo y angustia a los afectados y al resto de vecinos del edificio».

La comunidad señala que, debido a las medidas aprobadas por el Gobierno en relación con la moratoria de desahucios, casi un año después de ordenarse el desalojo los ocupantes de las viviendas siguen en posesión de las mismas. Y «la situación de imposibilidad de convivencia no ha hecho más que agravarse», incide.

Los afectados quieren que el juez sea conocedor de estos problemas y le solicitan que, mientras se decreta una nueva fecha de lanzamiento, reitere la necesidad a las administraciones públicas competentes de que vayan encontrando una solución habitacional para los okupas, siempre «fuera del edificio».

El administrador y abogado de la comunidad de propietarios, Efrén Tejerina, ha mostrado a este periódico la situación «insalubre y peligrosa» en la que se encuentra el inmueble, construido a finales de la primera década de este siglo. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la mitad de las viviendas se quedaron sin vender y pasaron a ser ocupadas por familias de etnia gitana. La promotora del edificio quebró, por lo que pasó a ser propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

«Después de muchos años esperando el lanzamiento -explica Tejerina-, vemos como se va demorando y se ha generado una situación absolutamente insostenible. Los vulnerables son los vecinos que cumplen las normas. Si hay un problema social, lo deben solucionar las administraciones públicas, no los legítimos propietarios de las viviendas».

El presidente de la comunidad de propietarios, que prefiere no facilitar su nombre, regresó de vacaciones hace unos días y se encontró la puerta de su piso «reventada». «Esto es un calvario, es imposible seguir aguantando esta situación. Al final, los okupas nos van a echar a nosotros, los propietarios legales. No sé dónde vamos a llegar», afirma. «Esto es un desastre total -añade-; han robado las bombas para achicar el agua de los garajes, han reventado los trasteros, hay suciedad y daños por todas partes... Tenemos miedo y todos nos dan buenas palabras, pero pasan los años y el problema sigue aquí».

Otro vecino, que tampoco facilita su nombre, dice que han presentado «infinidad de denuncias» y que a él le han intentado agredir «tres o cuatro veces». «Están fallando las Administraciones públicas. Ellos tienen su forma de vivir y se aprovechan del sistema. No hay respeto a la propiedad privada», concluye.