La crisis del covid motiva una revisión de la ordenanza para las ayudas sociales en Torrelavega

El pasado 29 de abril el Ayuntamiento publicó el anuncio del periodo de consulta previo a la tramitación de la ordenanza reguladora que ahora se quiere actualizar a la nueva situación del municipio y de sus ciudadanos. Antes, en julio de 2008 se aprobó la Ordenanza Municipal de la Concesión de Ayudas o Subvenciones Sociales. La actual ordenanza, que fue modificada en el mandato 2014-2015 (con la socialista Lidia Ruiz Salmón como alcaldesa) a consecuencia de las circunstancias generadas por la crisis económica, regula las ayudas en materia de necesidades básicas, compra de medicamentos, suministros básicos, transporte, urgente necesidad o alquiler social.

Según el anuncio de consulta pública previa, «se toman en consideración las propuestas surgidas en el seno del Consejo Municipal de Acción Social inspiradas en el principio de máxima cobertura social». No obstante, y a pesar de la situación generada por la crisis del coronavirus, en la presente legislatura el Consejo Municipal de Acción Social únicamente se ha reunido una vez, en el pasado mes de octubre. Ahora, seis años después de su última revisión y para atender a los afectados de la nueva crisis económica ocasionada por la pandemia, se ha comenzado la tramitación de esta norma.

El objetivo es actualizar la normativa municipal reguladora de las ayudas sociales para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, para adaptarla a la situación de crisis económica derivada de la epidemia del covid, con el propósito de conseguir que los amplios recursos económicos que la Corporación municipal viene destinando a la protección de familias en situación vulnerable, a través de los presupuestos anuales y sus modificaciones, se ejecuten al máximo porcentaje posible conforme a su propia naturaleza y destino.

Los problemas que se pretenden solucionar con esta nueva ordenanza justifican la necesidad y oportunidad de su tramitación y aprobación. La necesidad viene dada por la actualización y adaptación de la normativa municipal, unificando los dos grupos diferentes de prestaciones económicas de carácter personal que actualmente gestionan los servicios sociales municipales para la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, unificando su actuación y dotando al personal técnico del servicio de una única herramienta de trabajo que mejorará la eficiencia en la gestión de estas ayudas tan necesarias para las personas más vulnerables.

El objetivo fundamental de la nueva ordenanza que se pretende aprobar es actualizar la regulación de las ayudas sociales municipales destinada a la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, llevando a cabo una reforma de las condiciones, requisitos y características de las diferentes prestaciones desde una perspectiva de conjunto. En este sentido, se toman en cuenta las propuestas surgidas en el seno del Consejo Municipal de Acción Social inspiradas en el principio de máxima cobertura social; así como las aportaciones que formule el personal técnico de los servicios sociales municipales.

La adecuación y adaptación de los servicios sociales también ha sido planteada por grupos de la oposición en el Consistorio. El PP solicitó recientemente al equipo de gobierno PRC-PSOE la reorganización de los Servicios Sociales ante lo que considera «exasperante lentitud» en la tramitación de las ayudas para los hogares más vulnerables del municipio. La portavoz popular, Marta Fernández-Teijeiro, aseguró que el Ayuntamiento de Torrelavega «está fallando a los hogares más vulnerables», tanto a los que ya había antes del covid como a los que han entrado en dificultades por la pandemia.

Como ejemplo, critica que, ante «la emergencia social» de este año, el Ayuntamiento esperó hasta diciembre para presentar una convocatoria de ayudas al suministro de energía e internet en los hogares «con solo un mes de plazo para realizar la solicitud». Para Fernández-Teijeiro, se trata de «una situación injusta» y recuerda que la propia Administración dispone de hasta tres meses para resolver los expedientes.

«Después de solicitar infinidad de requisitos a personas que están en riesgo de exclusión, si para abril el Ayuntamiento no ha contestado se entiende que la solicitud es rechazada por lo que, si alguien quiere reclamar y tiene argumentos, podría no recibir la ayuda hasta junio o julio», denuncia la portavoz del PP. También cuestiona que sea ésta la manera de integrar a los torrelaveguenses en riesgo, en lo que califica como «una vergüenza más del desastre de mala gestión que es la coalición PRC-PSOE». Fernández-Teijeiro considera «lamentable» que la solidaridad de los vecinos de Torrelavega con los hogares más expuestos quede «bloqueada por la incapacidad de gestión política».