La crisis sanitaria y la inflación elevan a 2.000 los vecinos de Torrelavega en riesgo de exclusión social

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento computan esta cifra a través del número de personas acogidas a la Renta Social Básica (RSB), la Pensión No Contributiva (PNC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tres ayudas de las cuales dos no existían antes de la crisis sanitaria y que no hacen otra cosa que revelar la vulnerabilidad en la que vive al menos ese 4% de la sociedad torrelaveguense. Ninguna ciudad de tamaño similar tiene una renta por habitante más baja en todo el norte de España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos de Santurce (Vizcaya), Irún (Guipúzcoa), Siero (Asturias) o Ferrol (La Coruña) disponen en el bolsillo no menos de 13.000 euros al año; los de la capital del Besaya, 12.000.

Números al margen, lo que de verdad preocupa a los Servicios Sociales del municipio es que esa fragilidad no ha hecho más que enquistarse en los últimos dos años. «Las cifras malas se han estabilizado», revela la concejala de Bienestar Social, Laura Romano, sensible al encadenamiento de crisis -contando la de 2008- que viene nublando las perspectivas de un futuro más o menos estable en toda España desde hace más de una década. El confinamiento, los ERTE, la detención de las actividades consideradas no esenciales, los despidos... Y ahora, el disparo de los precios por culpa de la geopolítica internacional. Torrelavega no es ajena a esta tormenta perfecta y, al mismo tiempo, tan difícil de medir. Para hacerse una idea, si este reportaje se hubiera publicado en enero de 2020, los Servicios Sociales hubieran podido facilitar únicamente la cifra de 550 personas en situación de exclusión social -las acogidas a la Renta Social Básica entonces-.

Por eso es importante leer los datos con cierta cautela. Al igual que aquel medio millar de personas de hace dos años, los cerca de 2.000 ciudadanos que hoy enumera el Consistorio no son ni más ni menos que los que puede detectar. La cantidad demostrable de personas en extrema vulnerabilidad es esta como mínimo, pero si el equipo municipal, el Gobierno de Cantabria o el Estado suministrará nuevas subvenciones mañana, no es descabellado pensar que seguiría habiendo más solicitantes de Torrelavega reuniendo los requisitos mínimos de precariedad: estar sin trabajo y no tener dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas, para solicitar los cerca de 500 euros de la RSB; tener más de 65 años y no tener acceso a una pensión de jubilación, en el caso de los 200 o 300 euros que contempla la PNC; o poder acreditar una situación de vulnerabilidad económica, cuando alguien quiere optar a los 1.000 euros más o menos -en función de cada situación- que ofrece el IMV.

El tipo de ayudas también da una idea del variadísimo perfil que encarnan estos 2.000 vecinos en situación de exclusión social. Jóvenes en sus veinte sin acceso a un empleo, aquellos que aún trabajando siguen siendo pobres, familias machacadas por la pandemia y el coste de la vida, parados, jubilados... De todo. «Esta crisis ha afectado a muchísima población distinta, de todas las edades», informa Romano, antes de referirse a la «complejidad» de la situación y el «amplísimo espectro» que abarca el censo más delicado de la ciudad.

Otros de los cómputos más sensibles y que revelan la extrema gravedad que atraviesa la economía de muchas familias es el del incumplimiento de un crédito hipotecario o la renta del hogar en general. En la actualidad, los Servicios Sociales del Ayuntamiento elevan a 37 los desahucios pendientes o suspendidos en los últimos meses, unos procedimientos que antes o después terminarán resolviéndose a partir de septiembre -con el fin de las medidas de protección aprobadas durante la pandemia-.

Ese retorno a las expulsiones es otro de los temas que intranquiliza al departamento de Romano, preocupada por los obstáculos del mercado inmobiliario y los casos más «cronificados» del drama habitacional. «Queremos tener en cuenta la situación de las familias», asegura la edil, antes de avanzar las nuevas «respuestas» que, tras la confección de la nueva Ley de Vivienda, podrán proporcionar las corporaciones locales ante las situaciones más críticas.

El limbo económico en el que subsisten algunas familias de Torrelavega es un síntoma más de la posición que, con Santander, ocupan las dos ciudades más grandes de Cantabria en términos de renta per cápita con respecto al resto de ciudades del norte. ¿La nota positiva o menos mala? La buena evolución porcentual que demostraban estas urbes entre, eso sí, 2015 y 2019, antes de que la pandemia arrasara con la economía. Por entonces, los indicadores del INE trasladaban variaciones al alza del 12,84% en Santander y del 15,13 en la capital del Besaya, de las más altas de toda la cornisa Cantábrica.