El parque que hizo aguas

Por lo pronto todo lo importante: desde el futuro de la iniciativa, hipotecada a la odisea administrativa del nuevo Plan General de Ordenación Urbana; la posición del PSOE, el socio que se bajó del tren en marcha; hasta el pudor con el que algunos políticos -de todos los colores y no sólo en la capital del Besaya- hablan ahora del megaproyecto, como si supieran que ya no es ese 'Parque Paleolítico Cantabria Infinita' presentado en Fitur hace un año sino más bien el parque que hizo aguas. La idea cumple dos años con su encaje en entredicho y un fallo judicial en contra, igual que toda la oposición.

No siempre ha sido así. El primer movimiento municipal importante se remonta al 4 de diciembre de 2020. Aquel día, el equipo de gobierno (PRC-PSOE) consumó las recalificaciones de los terrenos de Sierrallana para justificar el encaje de un plan del que aún no se había dicho nada oficial: de un día para otro, el eucaliptal afectado por los toboganes pasó de suelo rústico de protección forestal a únicamente rústico ordinario. Aquella fue la primera colaboración activa del PSOE a favor del famoso 'aquapark'.

La segunda huella feaciente de que estas intenciones dejaron en la Administración cántabra quedó marcada en la Nochebuena de 2020 y también se distinguió por su discreción. ¿Quién iba a pensar que Torrelavega anunciaría su deseo de crear un parque acuático de 17 millones y casi 30.000 metros cuadrados en un BOC del día 24 y en mitad de la primera navidad pandémica? Pues así fue: «Se pretende la autorización de construcción de un equipamiento de ocio y deportivo en Sierrallana». Firmado, el alcalde.

La solicitud de Javier López Estrada llegó para gestar una colaboración que el Gobierno de Cantabria prestaría a lo largo de los dos años siguientes: no sólo con el permiso concedido por la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo (Crotu), el mismo que enmendaron los jueces; sino con la declaración del parque como un proyecto de interés público por parte de la Dirección General de Turismo -entonces dirigía Eva Bartolomé-, unos días más tarde, también durante aquella Navidad.

El proyecto o, mejor, dicho, los ingredientes para llevarlo a cabo, iban tomando forma. En 2021, la adecuación de plano traspasó las fronteras de la ciudad y llegó a Santillana del Mar. El 30 de julio, personas involucradas contra la iniciativa como el exconcejal de Urbanismo en el municipio, José Otto Oyarbide, pusieron el grito en el cielo por este asunto: Torrelavega hacía llegar sus deseos a su vecino y, con ellos, la necesidad de recalificar los terrenos a ambos lados de la frontera.

Tanto aquella solicitud -en trámites- como el informe favorable que concedió la Dirección General de Medio Ambiente en diciembre de 2021 han quedado eclipsadas por el tropiezo de la Crotu: la autorización del proyecto el 29 de octubre de 2021. Un año y dos meses después, ese aval se ha cobrado la paralización de la idea y una posible denuncia de quienes ganaron esa sentencia, ARCA y ACPT, hartos de lo que consideran «un coladero» al servicio del Gobierno autonómico.

Sin conocer las consecuencias de aquello, Torrelavega se abalanzó sobre la Feria de Fitur, en enero de 2022, decidido a promocionar el parque a bombo y platillo. Infografías, vídeos, locuciones en inglés... Y hasta una coalición unida, como demostraron PRC y PSOE durante la cesión de los terrenos a Cantur, en una comisión de Hacienda celebrada este octubre. Aquel fue el último peaje que los socialistas quisieron pagar. Luego, después de que la sentencia les explotara en la cara, se desmarcaron del proyecto. Quizá sólo sea un hasta luego. Depende de las elecciones.