El Defensor del Pueblo reprocha a Torrelavega su falta de colaboración desde hace tres años

En su memoria de actividades y actuaciones llevadas a cabo el año pasado, la institución que preside Ángel Gabilondo habilita un anexo para las «administraciones no colaboradoras». En él aparece el Consistorio torrelaveguense por no haber facilitado información, al tercer requerimiento, sobre tres expedientes diferentes: falta de relación de puestos de trabajo en la plantilla del Ayuntamiento, inactividad municipal y una autorización de residencia.

El Consistorio de la capital del Besaya también apareció en esa 'lista negra' en el informe de 2021. En aquella ocasión, fue por la falta de respuesta sobre una cuestión relacionada con la disciplina urbanística y una solicitud de documentación y tramitación de expediente por arraigo social. El año anterior ocurrió lo mismo con un requerimiento sobre la falta de relación de puestos de trabajo en el Consistorio.

Preguntado por la reiterada falta de colaboración municipal con el Defensor del Pueblo, el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, Borja Sainz, señala que el equipo de gobierno (PRC-PSOE) trabaja desde distintos ámbitos para mejorar su relación tanto con los vecinos como con otras administraciones. «Prueba de ello -explica- es que la próxima semana, después de años de trabajo, la Mesa Técnica de la Relación de Puesto de Trabajo abordará la última revisión de fichas de trabajadores municipales para que los sindicatos propongan las mejores que consideren y se negocien con todos los miembros representados en la misma».

En su informe de 2021, el organismo público dejó clara su recomendación al Ayuntamiento sobre esta cuestión: «Agilizar los trabajos y adoptar las medidas e instrumentos necesarios para que, a la mayor brevedad posible, el Pleno de la Corporación finalice la elaboración de la relación de puestos de trabajo del personal municipal para la definitiva aprobación y aplicación de la misma».

La institución pública recordó que la relación de puestos de trabajo es un «acto ordenado» en el que la Administración se organiza, ordenando un elemento de su estructura como es el personal. Son instrumentos creados para el mejor desempeño del servicio público encomendado, razón por la que las administraciones tienen la potestad de autoorganización. No obstante, no tienen una libertad absoluta para la configuración de estas relaciones y «pueden y deben utilizarlas para planificar y ordenar sus efectivos» de manera que «se empleen los mismos de la forma más eficiente para ofrecer un servicio eficaz a los ciudadanos».

El sindicato CC OO presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo porque fue «la única alternativa» tras las «infructuosas y numerosas peticiones y exigencias verbales y por escrito» realizadas al Consistorio.