El Defensor del Pueblo urge más medidas contra el ruido para proteger el descanso en la zona de vinos

Las dos normas en las que se apoya el órgano supervisor, tanto la ordenanza del medio ambiente contra la emisión de ruidos o vibraciones como la propia Ley del Ruido, atribuyen dicha responsabilidad al equipo de gobierno y sin ambages, más aún cuando la población del municipio ronda los 51.000 habitantes. «Ha de contar con los medios necesarios para actuar frente a la contaminación acústica y poder sancionar una actividad si se comprueba que se incumplen los niveles de ruido», insta la entidad, representada por Ángel Gabilondo. Las consideraciones del Defensor del Pueblo son importantes porque vienen a resaltar que no hay excusas que valgan para no abordar este asunto con eficacia. Ni los «recursos limitados» que poseen los ayuntamientos ni la «falta de medios» que pudieran alegar constituyen, zanja, una sola «justificación» para no garantizar el descanso de los ciudadanos.

Y el Ayuntamiento es consciente de que su labor no ha terminado. «Tenemos que seguir trabajando por implementar medidas que permitan controlar el ruido para que no supere los valores permitidos», avanza Javier López Estrada, que viene rogando silencio y respeto en las calles a través de múltiples bandos de Alcaldía pegados en las paredes. Aquellos carteles fueron el preludio de una batería de medidas sin precedentes en la ciudad –y en algunos casos en toda Cantabria–:desde la instalación de medidores de ruidos en tiempo real, la adquisición de sonómetros y formación a los policías para su uso, la revisión de los limitadores en los locales, algunas sanciones relacionadas tanto con la telemetría de los limitadores como con el cierre de puertas y ventanas –este último es un incumplimiento habitual según los afectados– hasta la reducción de los horarios del ocio nocturno entre semana en 48 locales, una medida que no conocía precedentes en la comunidad autónoma.

Bulla «de lunes a domingo»

Medidas al margen, la realidad es que, para quienes la oyen, la bulla que impide su descanso es más una constante que una excepción. Se produce «de lunes a domingo», afirma Miguel Ángel Fernández, vecino y, desde hace dos años, miembro de una plataforma de afectados que ya trasladó su calvario en un Pleno del 3 de enero. «Es imposible descansar», clamó aquel día; hoy, la algarada que se produce en la calle y cruza las paredes de su casa sigue siendo incompatible con su sueño y el del resto de residentes. «No están cumpliendo», lamenta, decepcionado con el Ayuntamiento y una Delegación del Gobierno que, tras una reunión en noviembre, sólo ha trasladado «buenas palabras».

Le pasa a él, a Bernabé Crespo, María Nuria Solaegui, Begoña del Hoyo, José Martín del Río, Andrés Uribarri y a todos los residentes que se han hartado y unen fuerzas en esta agrupación. «Hay que sancionar esas conductas», «¿para qué sirven los sonómetros o las cámaras?», «¿dónde está la Policía?», cuestionan críticos.