La denuncia de las familias contra la Alborada relata «falta de vigilancia» y «vejaciones no sólo verbales»

Para hacerse una idea del tipo de maltratos a los que se refieren en su denuncia, los parientes relatan, además, «nula atención a los mayores durante horas», «ventanas abiertas durante las noches de invierno mientras los usuarios duermen» y hasta el «abandono de residentes con la ropa mojada de orina o manchada de heces». Desde la Alborada, por su parte, aseguran que, «de acreditarse finalmente como ciertos», los supuestos malos tratos que investiga el Ministerio Público «resultarían imputables a una persona o personas concretas e individualizadas, cuya actuación a ellas en exclusiva resulta atribuible, sin que exista ningún tipo de implicación o instrucción por parte de la institución propiamente dicha». La residencia «se rige por estrictos protocolos conducentes al bienestar de nuestros residentes y a la detección de cualquier conducta impropia». Las familias niegan la mayor. Y dicen tener pruebas.

Ese trato que, según acusan, reciben algunos usuarios de la Alborada, se ve «agravado» por lo que consideran una «falta de colaboración evidente por parte del centro». Los denunciantes reprochan la «ausencia total de medidas efectivas» y el «incumplimiento absoluto de las responsabilidades», presuntas negligencias que atribuyen tanto a los cargos de gestión como a una dirección que, aseguran, «no ha mantenido ninguna conversación o reunión con las familias» pese a la investigación de la Fiscalía.

Desde que la Justicia incoó dichas diligencias, la Alborada viene subrayando la «profesionalidad, entrega y dedicación» de su personal, «volcado en el cuidado de los residentes, sin perjuicio de las situaciones puntuales e indeseables que en todo grupo humano de cierta dimensión puedan producirse». Asimismo, , en una misiva remitida a El Diario, el centro avanza que vigilará «de manera especialmente escrupulosa cuantas afirmaciones no se correspondan con la realidad, no sólo en defensa del honor y el prestigio de la propia institución sino por obligado amparo a los cerca de 80 trabajadores».

Ese trato que según acusan las personas denunciantes reciben algunos residentes, ya fue puesto en conocimiento de la Dirección General de Políticas Sociales y los servicios de inspección del Gobierno de Cantabria a principios de este año, concretamente el 2 de enero. La Consejería de Eugenia Gómez de Diego recibiría el requerimiento del Ministerio Público tres semanas después, el 23 de enero; y tres días después, el 26, procedió a inspeccionar la residencia. Con todo, aquel movimiento sigue siendo insuficiente para los denunciantes, parientes con cuyo testimonio se han visto reflejados otros presuntos afectados –que han preferido no identificarse en la denuncia porque sus mayores continúan en el centro a día de hoy–.

De ahí el llamamiento a las instituciones que hace el conjunto de afectados. Al margen de las pesquisas, que siguen su curso, las familias urgen a la Administración cántabra la adopción de medidas «efectivas» al objetivo «garantizar el bienestar del conjunto de residentes» de este centro concertado, en el que habitan cerca de 120 mayores.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) ya tramitó el traslado de dos de ellos –los mismos cuyos parientes han presentado la denuncia– a otro centro residencial. Aquello ocurrió por recomendación de la Fiscalía de Torrelavega, tras conocer el contenido de la denuncia. Entre tanto, el Ministerio Público continúa inmerso en las diligencias alrededor de los hechos denunciados, relacionados con un presunto delito de tratos degradantes. El ilícito contempla entre seis meses y dos años de cárcel en el Código Penal (art. 173.1), hasta tres cuando las víctimas son vulnerables o están bajo custodia o guarda en una residencia (art. 173.2).