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El desalojo del emblemático edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias, de Torrelavega, iniciado hace cinco años para proceder a su rehabilitación, ha terminado finalmente en los juzgados. El alcalde, Javier López Estrada, ha ordenado interponer una demanda civil contra el hostelero Miguel Ángel ... Fernández Díaz, con el fin de recuperar la «plena posesión» de la parte de la finca urbana que «ocupa en precario» y se niega a abandonar. En ella explota en un bajo el popular bar de la Peña Bolística y, además, está empadronado en un piso de la primera planta, todo ello «sin pagar renta alguna» al Ayuntamiento, que adquirió el inmueble en 1976.
La edificación, cuyo desalojo se inició en 2019 por sufrir graves daños en su estructura, fue vallada de nuevo el pasado mes de septiembre por desprendimientos en la cubierta. La medida afectó al bar de la Peña Bolística, que se vio obligado a cerrar. Si no hay nuevas demoras, la obra rehabilitación saldrá a licitación antes de final de año, según informó entonces el alcalde. López Estrada considera que son suficientes las medidas de seguridad tomadas hasta ahora, siempre en base a «informes técnicos». El regidor precisa que la obra consistirá básicamente en la consolidación de la estructura del inmueble y no incluirá su reparto interior. Aún no se ha decidido si la edificación, antigua sede del Ayuntamiento, acogerá finalmente el futuro Museo del Hojaldre.
«El edificio sufre un deterioro palpable -explica el alcalde- y con riesgo, según informes técnicos municipales. Un estado que ha sido puesto de manifiesto por los propios ocupantes, incluso exigiendo por escrito la toma inmediata de medidas, pero el Ayuntamiento no puede ejecutar las obras con ellos dentro». Según López Estrada, en el Consistorio no hay título que otorgue derechos a los ocupantes, ni ingreso alguno en concepto de alquiler. «Hemos solicitado la devolución del derecho de uso del inmueble en varias ocasiones, de forma verbal y por escrito, y la respuesta ha sido negativa».
El Ayuntamiento está tramitando un expediente administrativo con el fin de regularizar la situación jurídica del viejo edificio, que ocupa los números 4 y 5 de la Plaza Baldomero Iglesias. El pasado 11 de marzo requirió a Díaz Fernández y otro vecino para que le desalojasen, pero solo el segundo entregó las llaves. La escritura de compra del inmueble señala que el Consistorio adquiere la propiedad «libre de cargas y arrendamientos».
El alcalde volvió a firmar el requerimiento de desalojo el pasado 23 de agosto, tras desestimar las alegaciones presentadas, instando a dejar libre la propiedad antes de finalizar ese mes. Sin embargo, Díaz Fernández se mantuvo firme en su negativa por considerar que es legítimo ocupante del inmueble en virtud de un arrendamiento suscrito en 1971 y ofreciendo el pago de 12,62 euros al mes por la renta devengada desde enero de 2019.
En un escrito posterior, el hostelero puso de manifiesto el deterioro del inmueble, al haberse producido un desplome parcial de la cubierta. Después interpuso recurso de reposición frente a la orden de desalojo, reiterando los argumentos anteriormente expuestos y acusando al Ayuntamiento de utilizar la rehabilitación como excusa para echarle del negocio y la vivienda.
El Jefe del Servicio de Obras emitió un informe el 12 de septiembre indicando que, tras inspeccionar el edificio, consideraba urgente llevar a cabo el desalojo del mismo para proceder a su rehabilitación integral. Al día siguiente, López Estrada reiteró su petición al hostelero y ordenó el cierre perimetral del inmueble para «evitar daños a los visitantes». No hay que olvidar que la céntrica Plaza Baldomero Iglesias es el principal punto de encuentro para los ciudadanos en la capital del Besaya.
Tras agotar la vía administrativa, el regidor municipal ordenó iniciar acciones legales, dado que el Ayuntamiento considera que el título que exhibe Díaz Fernández se encuentra «extinto», no solo por el hecho de no haber pagado «renta alguna» desde 1976, sino además por «múltiples causas que serán debidamente expuestas en el procedimiento judicial civil».
El inmueble, propiedad municipal en su mayor parte, no superó el examen técnico al que son sometidas las edificaciones que tienen más de 50 años. El alcalde precisó entonces que los números afectados eran el 4, integrado por oficinas y viviendas municipales, y el 5, compuesto por viviendas municipales y privadas. En concreto, aquella primera medida de desalojo no afectó ni a la planta baja del edificio, en la que se encuentran el bar y la sede de la Peña Bolística, ni a la parte privada, compuesta por el Bar Torrelavega y tres viviendas en la parte superior. Dos pisos municipales fueron desocupados y se trasladó la sede principal de Servicios Sociales.
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