La «desastrosa» gestión en Servicios Sociales enciende el debate del Pleno de Torrelavega

Impasible ante los reproches, la responsable de Bienestar Social ha tenido que aguantar el chaparrón de críticas durante la votación de una convocatoria de ayudas para personas en riesgo de exclusión social –250.000 euros para suministro de energía e internet–. Estas subvenciones han salido adelante por unanimidad, pero Romano e, indirectamente, el alcalde, Javier López Estrada, al que los grupos pidieron un paso al frente para dirimir responsabilidades, han tenido que pasar primero por el juicio de una oposición harta de la deriva que, «desde hace años», atraviesa este departamento.

Ha sido durante casi una hora de intervenciones. «Se tiene que apartar», ha exigido la líder popular, Marta Fernández-Teijeiro; «esto viene de lejos, pero no ha sido capaz de resolverlo», ha señalado Iván Martínez, por ACPT; «nadie cogía el teléfono», ha relatado Julio Ricciardiello (Cs) en relación a algunas sedes del departamento; «hay que exigir responsabilidades y cambiar el modo de trabajo», ha sentenciado Blanca Rosa Gómez Morante. La exalcaldesa ha sido una de las responsables que reprochó el retraso de la convocatoria, contemplada para octubre de 2021, y, sobre todo, una forma de trabajo que, según reveló la oposición, está más cerca de ser un problema endémico que una novedad.

¿Pero qué está pasando en Servicios Sociales? Los grupos de la oposición revelan una maquinaria totalmente disfuncional dentro de esta cartera municipal. Informados a fondo tras una Comisión de Servicios Sociales con el propio jefe del área, Fernández-Teijeiro, Martínez, Ricciardiello y Gómez Morante reflejan una rutina colmada de incumplimientos de horarios por parte de algunos miembros de la plantilla, mala relación entre estos y su superior y falta de atención en general a los ciudadanos que recurren a sus sedes.

Este despropósito se ha traducido no sólo en el desorden de esta sección sino en la tramitación de tres expedientes sancionadores contra el máximo responsable, acusado de faltar al respeto y perder las formas con algunas trabajadoras del personal. La oposición se ha solidarizado con el jefe de servicio claramente y lo ha demostrado este jueves durante la sesión plenaria: «Sólo encuentra trabas»; «lo que ha hecho es intentar poner orden»; «nos hace falta un poco de empatía»; «es necesaria una reorganización», se han posicionado los portavoces, que han demandado «apoyo político» para este funcionario.

Romano no ha podido convencer demasiado a sus rivales cuando ha llegado su turno y ha tratado de quitar hierro al asunto: «Todo es mejorable», ha declarado, antes de eludir el fondo del debate y expresar su «apoyo absoluto a los trabajadores de la plantilla, desde el jefe de servicio hasta el último. No hemos mirado hacia otro lado». Sobre su dimisión, ni la edil ni ninguno de sus socios de gobierno han dicho una sola palabra.

En lugar de eso, la concejala de Bienestar Social ha hecho una defensa férrea de su gestión al frente del departamento, recordando la batería de ayudas puesta en marcha durante los momentos más complicados de la pandemia y el calendario anual de prestaciones, entre otras medidas.

Uno de los temas de actualidad que pasó por el Pleno fue la implantación de la Zona de Bajas Emisiones(ZBE), un espacio urbano libre de coches contaminantes e impuesto por Europa. Los grupos dieron luz verde a una moción del PP para solicitar una moratoria al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una iniciativa que contó con los votos afirmativos de todos los grupos salvo el del PSOE, que se abstuvo.

El Ayuntamiento prorrogará –tras los síes de todos los grupos salvo la abstención de ACPT– la vida de la Sociedad mixta Gestión Medioambiental de Torrelavega S.A. (Gesmator) por un plazo de cuatro meses. Ya es la tercera vez que el equipo de gobierno se ve obligado a dilatar la duración de esta empresa, en trámites para ser adquirida por MARE. La firma se encarga de la gestión del centro de tratamiento de residuos de El Mazo

La Comisión de Economía, aprobó por unanimidad la redacción final de la Ordenanza reguladora del sector del taxi en la ciudad, una normativa llamada a mejorar la calidad de la prestación de este servicio y atender, de la mejor forma posible y dentro del marco jurídico, los requerimientos de los usuarios y la realidad que actualmente atraviesa este sector. Asimismo, los grupos también dieron luz verde a la revisión de tarifas.

Otro de los debates más intensos de la sesión llegó a colación de otra moción del PP, orientada a «luchar contra la ocupación ilegal». Aprobada con el apoyo del PRC y Ciudadanos –el PSOE se abstuvo junto a Torrelavega Sí y ACPT votó en contra–, la propuesta llama a endurecer las penas contra este tipo de delitos y recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años.