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En La Carmencita se está construyendo el primer aparcamiento público en altura de la ciudad. Luis Palomeque
Los dueños de La Carmencita denuncian de nuevo al Ayuntamiento para cobrar los 5 millones de la finca

Los dueños de La Carmencita denuncian de nuevo al Ayuntamiento para cobrar los 5 millones de la finca

La empresa Terrenos de Adarzo cedió la parcela en 2003 a cambio de solares urbanizados que aún no ha recibido

José Ignacio Arminio

Torrelavega

Domingo, 2 de junio 2024, 02:00

La empresa Terrenos de Adarzo ha acudido a la vía judicial por segunda vez para tratar de cobrar La Carmencita, la finca que cedió hace 21 años al Ayuntamiento de Torrelavega a cambio de solares urbanizados que aún no ha recibido. La parcela, en la que ahora se construye el primer aparcamiento en altura de la ciudad, se valoró cuando se firmó el acuerdo en 3,8 millones, que han pasado a ser casi 5 si se suman los intereses.

El entonces alcalde de Torrelavega, Javier López Marcano, y el máximo responsable de Terrenos de Adarzo, Luis del Río Diestro, firmaron el convenio ante notario el 23 de mayo de 2003. La permuta de La Carmencita se realizó a cambio de aprovechamientos urbanísticos en el Plan Parcial Coteríos, que todavía no se ha desarrollado. En el documento se señala que, en el supuesto de que no se pudieran entregar los solares urbanizados «por cualquier causa», Terrenos de Adarzo tendrá derecho al abono del valor de la finca más los intereses, que prevé la Ley de Expropiación Forzosa.

Intentos fallidos

Tras diversos intentos fallidos de cobrar la deuda, la empresa ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio de su último escrito, presentado en el Consistorio el pasado 10 de octubre. Fuentes de la compañía han explicado a El Diario Montañés que esta reclama ahora la resolución del convenio y la devolución de la finca, y si esto no es posible que se tramite un expediente de expropiación forzosa para cobrarla.

El alcalde, Javier López Estrada, hijo de Javier López Marcano, ha señalado que están estudiando la documentación para «dar los pasos que sean necesarios», pero «en cualquier caso esto no condiciona los avances de la obra del aparcamiento en altura, que va a buen ritmo». El regidor recuerda que se trata de una «dificultad heredada» en 2013, cuando Terrenos de Adarzo acudió por primera vez a la vía judicial y lo hizo sin éxito.

Los propietarios reclaman la resolución del convenio y la devolución de la finca o que se lleve a cabo su expropiación forzosa

La reclamación de la empresa fue estimada parcialmente en 2015 en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, que fue revocada al año siguiente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Este estableció, entre otras cuestiones, que en el supuesto de incumplimiento del acuerdo procedería a determinar la indemnización en los términos establecidos en el convenio. En la resolución, los magistrados señalaron que el retraso en el desarrollo del Plan Parcial de Coteríos era imputable a la crisis económica y no al Ayuntamiento.

Terrenos de Adarzo presentó uno de sus últimos escritos en el Consistorio en marzo de 2022, documento que tampoco recibió respuesta. En él pedía la modificación parcial del convenio urbanístico de permuta, con el fin de que el Consistorio entregase a la empresa las parcelas que le fuesen adjudicadas en el Plan Parcial El Valle, el mayor de la ciudad, que sí ha empezado a desarrollarse. De forma subsidiaria, solicitaba que se declarase nulo el convenio de La Carmencita o se iniciase un expediente de expropiación forzosa de la parcela.

La constructora destacaba que el Consistorio está tramitando la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla la calificación de la finca como equipamiento, pero «modifica sustancialmente» el sector de Coteríos, «impidiendo la posibilidad de que se haga efectivo el pago pendiente, lo que podría ser una causa de resolución del convenio con la recíproca entrega de las contraprestaciones». «Por todo ello -explicaba-, consideramos que el Ayuntamiento no puede destinar de forma efectiva la finca a la construcción de cualquier uso sin que previamente se haya resuelto definitivamente el pago de la contraprestación».

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