Ecologistas en Acción reclama la revocación del permiso de apertura de la planta de Viscocel

Ecologistas en Acción Cantabria ha pedido que se revoque el permiso de apertura de la planta de Viscocel de Sniace, que reabrió sus puertas el pasado 5 de diciembre tras cinco años parada. A juicio de la asociación, la fábrica ha echado a andar a «falta de las más elementales medidas al objeto de garantizar unas mínimas condiciones en calidad del aire» y, por ello, ha interpuesto un recurso administrativo para revocar la resolución de apertura de la fábrica.

La agrupación señala que el que hecho de que Viscocel haya reiniciado su producción es, sin duda, «una buena noticia por los puestos de trabajo que implica», pero «no por ello puede hacerse de cualquier manera». Tras cinco años parada, la planta reabrió tras una inversión de 11 millones de euros, lo que hizo que sea prácticamente nueva en un 80%. En cuanto a la plantilla, se ha llegado a 360 empleados cuando lo que fijaba el plan de viabilidad eran 326.

Ecologistas en Acción entiende que el cierre hace ya cinco años no puede considerarse como un cese temporal de la actividad, ya que, al superar los dos años, se debe aplicar la legislación y la empresa tendría que solicitar una nueva autorización ambiental integrada (AII).

Además, Ecologistas considera que la empresa ha dispuesto «de tiempo más que suficiente» para este trámite, pero ha utilizado «los atajos y las componendas» de la mano de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) para reabrir, lo que a su juicio «solo redunda en inseguridad jurídica para Viscocel».

Junto a ello, la asociación no está en absoluto de acuerdo con la mora de cinco meses que el Gobierno de Cantabria ha otorgado a la planta de Viscocel para que sus filtros ambientales estén a pleno rendimiento. Es «realmente grave» que se le haya concedido esa moratoria para cumplir con los valores límite de emisiones contaminantes a la atmósfera

Ecologistas considera que esa dispensa podía ser legal siempre que se garantizase que el entorno de dispersión de las emisiones (inmisión) no se viese afectados los niveles de protección de la salud de sus vecinos, algo que, con las condiciones de reapertura «no están en absoluto aseguradas».

En este sentido, subraya que, incluso a pleno rendimiento de los biofiltros, el equilibrio entre las emisiones de Viscocel y calidad del aire era en su anterior etapa «más que crítico». «Por ello se reformó en 2014 la legislación, específicamente a medida y demanda de esta empresa, elevando los límites tolerados de contaminación para el disulfuro de carbono en un 700%, a pesar de todo Viscocel habría seguido superando esos niveles el 15% de los días, con picos de contaminación que cuadruplicarían los límites legales ya ampliados», denuncia Ecologistas.

Por su parte, el colectivo denuncia las «irregularidades» que, a su juicio, se han producido por parte de la Dirección General de Medio Ambiente en la otra dispensa que se otorgó por un período de tres meses en los vertidos de la depuradora de Sniace en el reinicio su actividad, los cuales habían sido declarados previamente ilegales por sentencia firme de la Audiencia Nacional.

«Todo un ejemplo por si sólo de la manifiesta arbitrariedad por parte de Medio Ambiente, que supedita de forma incondicional los principios ambientales más básicos a determinados intereses industriales», afirma Ecologistas.