El edificio de La Inmobiliaria que tenía okupas es clausurado por «seguridad»

Mientras tanto, siguen hospedadas en un hotel de la ciudad las dos familias que fueron desalojadas por los bomberos el día del incendio, que sólo provocó daños materiales. Un hombre que corrió la misma suerte ha buscado una vivienda alternativa. Al parecer, el siniestro se produjo al encender una hoguera uno de los okupas en uno de los pisos de la primera planta. El Ayuntamiento, ante la pasividad de la Sareb, ya había tapiado las puertas y ventanas de nueve de las doce viviendas afectadas.

«Hemos procedido al desalojo y clausura del edificio para seguridad de los vecinos colindantes», explica el alcalde, Javier López Estrada, que anuncia el inicio de conversaciones con la Sareb y la Dirección General de la Vivienda para que se de un «nuevo uso» al inmueble que «ayude a revitalizar el barrio».

El regidor destaca que el Consistorio ha tomado las últimas decisiones en base a los informes emitidos tras el reciente incendio por los bomberos y la Policía Local, y el estudio de evaluación del edificio, encargado de forma subsidiaria por el Ayuntamiento, en el que se señala que el estado de conservación del inmueble es «desfavorable». Los vecinos del entorno venían protestando, desde hace varios años, por las filtraciones de agua, peleas, suciedad, destrozos y ruidos provocados por los okupas, que también afectaban al colegio del barrio (José María Pereda), situado a pocos metros. Igualmente, la Asociación de Vecinos Río Indiana exigía una solución.

Este grave problema social fue también noticia el pasado mes de diciembre. El Consistorio presionaba entonces a la Sareb para que le resolviese e incluso estaba dispuesto a comprar pisos vacíos del 'banco malo' en una urbanización de Ganzo si éste terminaba con la presencia de los okupas en La Inmobiliaria. El alcalde recordaba entonces que acababa de participar en la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega para adquirir 36 de las 78 viviendas que tenía desocupadas la Sareb desde hace una década en la referida urbanización de Ganzo. El objetivo era incrementar el parque de vivienda pública destinado a alquiler social.

López Estrada reconocía que estaban negociando con la Sareb la compra de las 42 viviendas restantes, condicionando la operación a que se subsanase el problema de La Inmobiliaria, pero las conversaciones no fructificaron. Como la propiedad hizo caso omiso a las peticiones del Consistorio, éste inicio la ejecución subsidiaria del desalojo.