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Portazo definitivo al proyecto para construir un instituto de Formación Profesional de energías renovables en Viérnoles, una iniciativa anunciada por el Gobierno de ... Cantabria en la recta final de la anterior legislatura (2019-2023) y que proponía la construcción, por 7 millones de euros, de un equipamiento destinado a la formación en esta materia. Este ámbito, el de las energías renovables, era tildado de «puntero y necesario para el tejido productivo cántabro» por la consejera de Educación, Marina Lombó (PRC), en aquellos últimos días de la legislatura, al tiempo que su departamento tramitaba la adjudicación de la redacción del proyecto; hoy, dos años después y con Sergio Silva (PP) al mando de esta área, la Consejería inicia el procedimiento de desistimiento de aquel contrato, en coherencia con las señales -o ausencia de ellas- que venía dando sobre este tema. El impulso a este centro de FP ha pasado de estar «en fase de reestudio» y pendiente de «redefinir su encaje en el mapa regional de la FP» a, directamente, fuera de los planes. La razón, insisten desde la Consejería, se basa en criterios de pura planificación educativa.
El Gobierno del PP da carpetazo al tema. Y lo hace, además, reconociendo que, salvo por la resolución de un recurso de una licitadora ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales en agosto de 2023, nunca se produjeron avances para construir el centro en estos dos años. Aunque hubo adjudicación con Lombó en funciones, esta jamás se formalizó en los meses posteriores, por lo que jamás se trabajó en un proyecto. Al adjudicatario que debía redactarlo, Alejandro Álvarez Saiz, ya le ha sido concedido un plazo de diez días desde el pasado 2 de abril, por si estuviera interesado en presentar alegaciones.
El inicio de este expediente de desistimiento por parte de la Consejería trasciende tras una solicitud de información por parte de José Otto Oyarbide. El que fuera concejal de Urbanismo (2015-2019) solicitó hace dos meses y de manera formal una copia del proyecto redactado por Álvarez Saiz, copia que, al no existir, el Gobierno no ha podido facilitar. La petición de información ha quedado inadmitida sin más remedio, dejando claro el estado del proceso y revelando el desistimiento casi dos años después de la adjudicación sin formalizar de la redacción del proyecto.
Oyarbide manifestaba ayer su rechazo a la decisión del Ejecutivo de descartar este proyecto, a preguntas de este periódico. «El Partido Popular de Buruaga y Silva desiste de una inversión educativa de 7 millones de euros en Torrelavega, que necesitará mano de obra cualificada para los futuros proyectos industriales. Su modelo productivo apuesta por la precariedad y la temporalidad». De ahí, apuntó también a la «inacción» que ha rodeado a la abandono de este proyecto en la agenda regional y municipal, sin que nadie en Torrelavega hayan manifestado oposición: «Es muy triste que nuestra ciudad no reivindique las inversiones necesarias para no perder nuestro carácter eminentemente industrial».
Queda en duda así la magnitud y el impacto que hubiera tenido este instituto para Torrelavega y su perfil industrial de cara al futuro, máxime en un contexto de cambio de modelo productivo e innovación industrial y energética. La de medio ambiente es una de las ofertas educativas más pujantes lanzadas en el mandato anterior por el Gobierno, una rama profesional que integra diversas competencias, desde la organización y gestión de instalaciones o redes de saneamiento, hasta actuaciones relacionadas con los recursos sostenibles.
Las dudas sobre el encaje del centro ratificadas ahora por el PP chocan con el entusiasmo y el compromiso que manifestó Lombó hace dos años con el ámbito de las renovables, un campo «en el que era preciso aumentar la oferta formativa y que, tal y como se está viendo, es fundamental para el desarrollo de Cantabria».
La idea era esa. Construir un nuevo Centro Integrado, el cuarto de la comunidad autónoma, con capacidad para un total de 300 alumnos y sobre 5.000 metros cuadrados de superficie en la pedanía torrelaveguense. El edificio contaría, entre otros espacios, con un laboratorio de redes de agua, trece clases polivalentes, un aula de Tecnología Aplicada y siete talleres destinados, entre otros temas, a la energía fotovoltaica y eólica y a las instalaciones térmicas y solares. Además, se habilitarían un salón de actos y una biblioteca.
El desistimiento definitivo por parte de la Consejería de Educación de construir este centro se produce en un contexto de proliferación de anuncios sobre proyectos relacionados con las energías renovables en la misma comarca del Besaya, con las sinergias que esto podría conllevar. Uno de los más importantes y que ya se ha confirmado de manera oficial es el de la construcción de planta de biomasa de Solvay, un paso histórico que promete inaugurar una nueva etapa para la compañía a partir de 2027, fecha estimada para la apertura de esta planta.
A esta noticia cabe sumar otras oportunidades igual de importantes y que hubieran podido servir de horizonte a los alumnos del Centro Integrado, aunque todavía no tan consolidadas: desde el proyecto Besaya H2, la planta de hidrógeno verde anunciada por RIC Energy y Copsesa en terrenos de la antigua Sniace, ya adquiridos; la creación de un gran almacén de hidrógeno en Polanco, aún bajo estudio; la creación de una refinería de litio del Grupo Mello, aún pendiente de conocer ubicación y de que sus promotores decidan entre Torrelavega o Estarreja (Portugal); o el corredor de hidrógeno verde conocido como H2Med, impulsado por la Comisión Europea también a través de países como Francia, Portugal y Alemania para su almacenamiento de forma subterránea.
Con la duda de si todos estos proyectos cuajarán algún día y con el Centro Integrado de Viérnoles ya olvidado, las posibles sinergias entre ambos pasan a formar parte de la política ficción y frases en condicional.
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