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Además de poner patas arriba las aspiraciones del plan urbanístico más importante de Torrelavega, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santander alrededor del Plan Parcial El Valle -que afecta a la construcción de 980 viviendas entre Sierrapando y Tanos- ha ... puesto en un serio compromiso a la Consejería de Educación y FP del Gobierno de Cantabria. Como titular de una parte de esos terrenos, los que están llamados a acoger el futuro Conservatorio de Música y Danza de la ciudad, el departamento que dirige Marina Lombó se ha visto envuelto en un limbo jurídico imposible de pronosticar a día de hoy, un daño colateral que, mientras la sentencia no sea firme -favorable para el Ayuntamiento o no-, le obliga a medir cada paso con tal de no convertir esta situación en un despropósito todavía más grande.
Tras escuchar diferentes opiniones, sin embargo, la Consejería de Educación ha tomado la decisión de continuar con el plan establecido. De momento, Lombó y los suyos mantienen su hoja de ruta y dedicarán las próximas horas a culminar el primer proceso de licitación contemplado en el horizonte del proyecto: su redacción. Para ello, un jurado de expertos constituido a tal fin ya está analizando los proyectos presentados de trece empresas aspirantes al contrato, que supera los 860.000 euros y se resolverá en las «próximas semanas», según informan desde el Ejecutivo autonómico.
Después de estudiar la argumentación de la magistrada y el contenido de la sentencia, el Ayuntamiento de Torrelavega está decidido a recurrir el fallo y defender la validez del Plan Parcial en los tribunales. Una de las grandes bazas de la Administración municipal es que la «ineficacia» señalada en el fallo se produce en 2007 y en base a la jurisprudencia que entonces regía estos trámites –Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y RégimenUrbanístico del Suelo de Cantabria–. Si la sentencia termina siendo firme, irá directa al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), reiniciando el proceso desde cero.
Las decisiones dejarán de ser inofensivas y entrañarán mucho más riesgo a partir de entonces, cuando llegue el momento de determinar el futuro no de unos papeles, sino de la obra y las fincas que hoy se juegan el tipo en los tribunales de justicia. Eso es algo que tiene muy presente el departamento de Marina Lombó, empeñada en garantizar, por encima de todo, la «seguridad jurídica» del proyecto. Si el Contencioso Administrativo -o en su caso, si llega, el TSJC- arroja un horizonte judicial más favorable, el Gobierno podrá lanzarse a la piscina con cierta seguridad; sin embargo, si el proceso se enquista, el primer ladrillo del Conservatorio de Música y Danza puede llegar en muchos años.
Y no en meses, que es la previsión de la que hablaba el Ayuntamiento hace tres semanas, el día que cedió los terrenos a la Consejería, antes de conocer el fallo. Ha pasado poco tiempo, pero las declaraciones no han envejecido muy bien. «Llevamos luchando varios años y estamos muy orgullos de contar con un centro que va a ser un referente en Cantabria. Será una realidad en dos o tres años», declaraba el concejal de Obras y primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero; «los tramites han sido laboriosos, pero el entorno es ideal y con facilidades para llegar», celebraba el edil de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega.
En la oposición, la noticia también cayó bien y dejó otras declaraciones interesantes: Miguel Ángel Vargas, del Partido Popular, lamentaba la «demora» del plan ante la coalición de PRC y PSOE, a la que deseó «responsabilidad» para «vigilarlo» y que salga adelante «lo antes posible». El portavoz de la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), Iván Martínez, era más irónico que el anterior. «Creía que ya estaba hecho», declaró entonces, antes de señalar la «eternización de cualquier proyecto cuando se trata de este equipo de gobierno».
La hemeroteca de aquella sesión está al alcance de todos los ciudadanos en la web municipal del Ayuntamiento. Julio Ricciardiello, de Ciudadanos: «Queremos que el conservatorio se ejecute ya». Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí: «Ya no hay ninguna disculpa posible».
La magistrada del Contencioso Administrativo, Ana Rosa Araujo, firmaría el fallo sobre el Plan Parcial El Valle ocho días después de todas aquellas palabras, el 16 de junio, transformando un ilusionante proyecto cultural en una patata caliente para la Consejería de Educación y sumando una losa de veinte años de enquistamiento urbanístico al equipo de gobierno a un año de las elecciones.
Porque el Plan Parcial viene siendo un proyecto a futuro desde 2003. Y desde entonces, un dolor de cabeza para los sucesivos gobiernos y las empresas involucradas en la iniciativa. El dictamen de la jueza tiene mucho que ver con eso. Es precisamente una de estas firmas interesadas, la constructora Gruconort, la que ha demandado al Consistorio y la Junta de Compensación -los propietarios, incluido el municipio- por no publicar toda la documentación del proyecto para levantar el Polígono 2 -el plan se compone de tres en total-, la tercera parte de un proyecto que, desde la rotonda del Puente de Piedra hasta la glorieta de Los Rotarios, reserva un total de 36.000 metros cuadrados de suelo residencial, 32.000 de dotaciones educativas, 1.000 sociales y 5.000 de zonas verdes.
«Falta de publicidad e ineficacia», concluye la jueza. La sentencia no es firme y admite recurso, pero de momento ya le ha dado la razón y señalado los errores de forma del municipio. Porque el Plan Parcial no se ha publicado «íntegramente» en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Ni los plazos de ejecución, la evaluación de los costes de urbanización e implantación de los servicios ni los planos de información y ordenación que la legislación obliga a difundir para este tipo de trámites figuran entre los papeles facilitados por el Consistorio. Según la sentencia, que ya estudian los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la Administración únicamente ha hecho públicas la memoria del proyecto y sus ordenanzas reguladoras.
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