La Fiscalía abre una investigación a la residencia Alborada por presuntos tratos vejatorios a mayores

Esta última definición alude directamente a casos como el de la Alborada, una de las cerca de 70 residencias de la comunidad autónoma donde conviven todo tipo de personas vulnerables, ya sea por deterioro cognitivo, problemas de movilidad, incapacidad judicial o dependencia fruto de la edad. Las familias hablan de insultos y vejaciones diferentes hacia sus parientes.

La residencia, que ya ha sido inspeccionada por la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno en las últimas semanas y a raíz de este mismo asunto, reconoce «vejaciones verbales» a «dos usuarios» por parte de «miembros del personal auxiliar que atendía a los mismos», hechos que tilda de «aislados». Mientras dura la investigación, y según informan a preguntas de este periódico, los presuntos afectados por el caso siguen en el centro, aunque han sido trasladados de planta y atienden ahora a otros usuarios «más autónomos».

Dada la fase inicial de las diligencias, y tras estudiar todas las aristas del caso, la Alborada opta, de momento, por no despedir a nadie. Entre tanto, la dirección asegura haber hecho cambios para «prevenir los maltratos», haber revisado su protocolo de prevención y ponerse a disposición tanto de la Fiscalía como de los responsables de la Consejería para «colaborar con ambos de forma activa». En una carta remitida a este periódico, la residencia reitera su compromiso con la prestación de un «servicio de calidad y un trato digno» a los mayores que habitan en el centro. «Este desagradable asunto no es, como podrán imaginar, muestra del trabajo que realizamos a diario y es, sin duda, un hecho aislado», reza la misiva, antes de rogar «respeto hacia el trabajo del centro y no frivolizar ni especular con la situación».

La residencia no es la única que se ha puesto a disposición de la Justicia. La inspección de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria ha hecho lo propio para «realizar las actuaciones que se le encomienden». La Consejería dirigida por Eugenia Gómez de Diego recibió el requerimiento del Ministerio Público el 23 de enero; tres días después, el 26, procedió a inspeccionar el centro residencial. Todos los detalles de aquella visita fueron presentados ante Fiscalía vía informe. Paralelamente a este proceso, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), y siguiendo la recomendación de Fiscalía, ha tramitado el traslado de los residentes afectados a otro centro.

No es la primera vez que la Consejería realiza indagaciones de este tipo en la Alborada. Los Servicios Sociales del Gobierno regional hacen inspecciones todos los años para garantizar el cumplimiento de la normativa en cualquiera de las residencias cántabras. Según informa el Ejecutivo regional, la última visita que recibió este centro torrelaveguense al margen del caso tuvo lugar el 28 de marzo de 2022. En cualquier caso, zanjan desde la Administración, los inspectores realizan «visitas constantes ante cualquier circunstancia, ya sea una denuncia, sospecha o que lleguen informaciones de cualquier disfunción en una residencia».