El Gobierno se suma al Ayuntamiento y estudia ejercer la acusación particular en el 'caso Alborada'

El debate que encarnan los expertos jurídicos del Gobierno sigue a uno prácticamente idéntico en el Ayuntamiento de Torrelavega, también discreto, aunque dispuesto a analizar la fase de instrucción del caso -previa al juicio oral- y, en función de esta, decidir si toma parte en el procedimiento penal.

Eso es algo que las familias venían pidiendo a ambas instituciones desde hace meses. De ahí las reuniones que estas vienen manteniendo con distintos responsables políticos, desde el alcalde, Javier López Estrada, y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, hasta el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, entre otros. La consejera del ramo, Eugenia Gómez de Diego, subraya que, «desde el primer instante», su departamento se puso a disposición de la Fiscalía. «Nos preocupa cualquier anomalía en la atención a las personas», declara.

Hace meses que las familias fruncen el ceño al oír no tanto ese tipo de declaraciones sino los mecanismos de la Consejería para blindar el bienestar de los mayores. «Falta de eficacia en las inspecciones» o «informes que no se ajustan a la realidad» son sólo algunas de las carencias que estas atribuyen al engranaje administrativo de Políticas Sociales. «Estamos hablando de personas, no de carreteras ni de números», reafirman las familias, citadas a hablar mañana en calidad de denunciantes perjudicadas, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Torrelavega.

Estas declaraciones, enmarcadas dentro del periodo de instrucción, servirán para ratificar -ante el juez, el fiscal, los abogados...- el contenido de la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público hace casi medio año. Tras ellas, y siempre que la huelga de funcionarios de Justicia no lo impida, declararán unos días más tarde las auxiliares, las mismas que han sido llamadas a declarar por la Fiscalía como investigadas y que, de confirmarse los hechos, se enfrentan a entre seis meses y hasta tres años de cárcel por un delito de tratos degradantes, un ilícito recogido en el artículo 143 del Código Penal.