El juez anula el nombramiento de un cabo de bomberos de Torrelavega tras la denuncia del otro aspirante

El denunciante recurrió dos resoluciones. Inicialmente, actuó contra el acuerdo de aceptación de la lista de aprobados definitiva, fijada por el tribunal calificador, que procedió a conceder el primer puesto al otro aspirante. Después, amplió el recurso a la resolución de la Alcaldía que dio luz verde a la valoración final del concurso y elevó la propuesta de nombramiento como funcionario de carrera a favor del otro aspirante.

Fueron varios los motivos esgrimidos: defectos en la tramitación del procedimiento por no resolverse la recusación de la presidenta y defectos de publicación; impugnación de la corrección de los exámenes de la fase de oposición con errores en las puntuaciones; denuncia del otro aspirante por incumplir en el tercer examen el requisito del anonimato, al identificarse con su número de operativo, conocido por los miembros del tribunal; impugnación de la fase de méritos al entender que carece de motivación y se ha incurrido en otro error al no valorar determinados cursos del demandante; falta de publicación de la fase de oposición de los criterios de valoración antes de los ejercicios. 

Frente a estas pretensiones, el Consistorio señaló que el recurso era inadmisible frente a la propuesta de resolución del tribunal, dado que «solo es un acto de mero trámite». También defendió que no existe ningún defecto de publicación y que si lo hay no ha generado ninguna indefensión material, dado que el demandante ha formulado sus recursos. De hecho, accedió plenamente al contenido del expediente en otro procedimiento judicial. Igualmente, señaló que no existe ningún defecto de valoración de los ejercicios ni de los méritos, habiendo cumplido el tribunal el deber de motivación «en ejercicio de su potestad de discrecionalidad técnica». A su juicio, tampoco cabía apreciar infracción en el referido requisito de anonimato.

Sin embargo, el titular del Juzgado de los Contencioso Admnistrativo Número 1 de Santander entiende que el otro aspirante sí infringió el deber de anonimato en el tercer ejercicio, motivo que califica como esencial en la demanda. Considera acreditado que el presidente del tribunal conocía el identificativo, como él mismo declaró en el juicio, lo que lleva a entender que el ejercicio era «claramente identificable». La sentencia indica que se trata precisamente de una prueba de conocimientos teóricos y prácticos valorada mediante puntuación, en la cual la discrecionalidad técnica, que admite un amplio grado de subjetivismo del tribunal, «puede llevar a reticencias y a dudas acerca de su actuación». «Garantizar el anonimato y, desde luego, la apariencia de imparcialidad, era esencial», señala el juez, que invalida el examen y excluye al aspirante. Como consecuencia de ello, es evidente que «ya no existe discrecionalidad porque, de facto, ha desaparecido toda alternativa y la única decisión justa es designar como aspirante seleccionado al demandante, el único que queda».

Ante esta situación, el juez entiende que la demanda debe ser estimada y, para el restablecimiento de la situación vulnerada, procede que la Administración nombre al otro aspirante y lo haga con efectos retroactivos, incluyendo el sueldo que ha dejado de percibir más los intereses. El fallo desestima las causas de inadmisibilidad formuladas por los demandados y estima íntegramente la denuncia.